e acuerdo con información oficial dada a conocer ayer, el gobierno federal pondrá a disposición de empresas privadas la posibilidad de explotar petróleo en un área donde se concentran alrededor de 74 mil millones de barriles, cantidad de hidrocarburo equivalente a la producción que ha tenido México en los pasados 110 años, que corresponden a las áreas no solicitadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el contexto de la llamada ronda cero.

Cabe recordar que en la discusión de la pasada reforma energética que terminó por abrir ese ramo estratégico a la participación de particulares, el gobierno federal intentó justificar esa modificación legal con el argumento de que Pemex tendría la posibilidad de solicitar las zonas de exploración y producción sobre las que deseara mantener un control exclusivo –la ya referida ronda cero–, lo que supondría a la paraestatal una ventaja en comparación con el resto de las competidoras privadas.

No obstante, a juzgar por la solicitud hecha por Pemex, es inevitable concluir que el referido mecanismo constituyó en los hechos un acto de simulación, por el cual cede a particulares dos terceras partes de la exploración de hidrocarburos; 41 por ciento de la explotación en aguas someras –aunque es ahí donde tiene gran experiencia y el costo de exploración es muy bajo–, y prácticamente la totalidad a la exploración en aguas profundas y gas shale.

Para colmo, de acuerdo con lo dicho por funcionarios del sector energético a inversionistas, existe la posibilidad de que Pemex pueda asociarse con empresas privadas para explotar yacimientos sobre los cuales haya obtenido la exclusividad por ser los más rentables.

Los elementos de juicio referidos revelan en todo su esplendor el carácter privatizador y entreguista de la reforma aprobada el año pasado y terminan por dar la razón a quienes afirmaron en su momento que no era necesario convertir a Pemex en una entidad privada para transferir a manos de particulares tramos sustanciales de la industria petrolera o, en todo caso, de la renta obtenida por la venta de crudo.

El correlato de este proceso de entrega del patrimonio nacional a particulares ha sido una política de desinformación, de doble discurso y de opacidad que mina la credibilidad y la capacidad comunicativa del gobierno en turno ante el conjunto de la sociedad: así queda demostrado con la afirmación formulada por la subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar, a la prensa extranjera, en el sentido de que las rondas de licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos incluirá las reservas petroleras, a contrapelo de lo que las autoridades han afirmado reiteradamente dentro del país.

Para México, la perspectiva de una cesión como la comentada representa múltiples costos y factores de riesgo: en primer lugar, en términos económicos, pues es claro que el Estado dejará de disponer de una cantidad de recursos más que significativa por concepto de renta petrolera, pero también en términos de soberanía y de control territorial.

Bien haría el gobierno mexicano en considerar la experiencia que han vivido naciones como Venezuela y Argentina, donde los intentos de gobiernos soberanistas por recuperar la riqueza petrolera privatizada por sus antecesores han enfrentado obstáculos múltiples y campañas de desestabilización por parte de grandes trasnacionales petroleras. Es previsible que éstas, una vez instaladas en el país, conformarán un poder fáctico superior a cuantos ha padecido México hasta ahora, el cual tendrá la capacidad de infiltrar y relegar a las instituciones legales.

Por el bien del país, por la estabilidad institucional y por el futuro de los mexicanos, la reforma privatizadora del sector energético debe ser revertida. Y esto consiste en que la Secretaría de Energía rechace la solicitud de Pemex y le imponga un control mayor, así como que el Congreso de la Unión restrinja la participación privada en la legislación secundaria. No obstante, tal escenario es sumamente improbable.