ientras el gobierno de Quintana Roo ponía freno a la Ley de Ordenamiento Social, aprobada en el Congreso de ese estado el pasado lunes, para evitar que se afecte la libre expresión de las ideas ni se coarten las garantías consagradas en los artículos 8 y 9 de la Constitución, en sesión del Poder Legislativo potosino se registró el intento de abrir un expediente similar.

Si en Quintana Roo la intentona de criminalizar la protesta tiene el sello de un Congreso con mayoría priísta, en San Luis Potosí la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros es- tuvo a cargo del legislador panista Alejandro Lozano González.

Independientemente del color partidista de las iniciativas, y del nombre que se dé a la legislación propuesta, su finalidad no puede ser interpretada de otro modo que como un afán de aliviar síntomas sin atacar la enfermedad.

La propia iniciativa de Lozano González se convirtió en un ejemplo del mal que hace de las manifestaciones un síntoma que convoca a las causas –y causantes– a corregir fallas como, en el caso, no haber tomado en cuenta la representación que se tiene, ni la importancia de respetar derechos fundamentales.

La omisión del legislador panista provocó una manifestación como esas que pretende someter a reglas que las desposeerían de toda su naturaleza, y en plena sesión le llovieron consignas que lo obligaron a retirar su propuesta… para revisarla.

La manifestación resultó necesaria. Los resultados que obtuvo demuestran que no requirió de reglas para alcanzarlos. Ahora es de esperar que, como ofreció Lozano González, se dé la revisión con la voz de sus representados y cualquier interesado en el tema, no sólo los de su distrito.

El episodio coincidente en- tre Quintana Roo y San Luis Potosí no cierra el expedien- te, pues en ambos casos se habla de revisar el contenido de las pretendidas regulaciones que presagian nuevos embates contra el derecho de manifestación.