Madrid, 28 de marzo.

La junta general de accionistas de la multinacional española Repsol fue el escenario de un nuevo enfrentamiento entre el actual presidente ejecutivo, Antonio Brufau, y los representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), que posee 9.4 por ciento de esa empresa, en este caso por una iniciativa de segregar a la corporación energética, que finalmente fue rechazada.

La mayoría de los accionistas respaldaron la gestión y las propuestas de Brufau, incluidas las críticas abiertas a la estrategia de la petrolera mexicana de intentar controlar el negocio de la exploración en su propio beneficio.

El presidente de Repsol llegó a la junta general de accionistas con una estrategia firme para lograr sus tres principales objetivos: aprobar nuevas condiciones para garantizar que la empresa no se segregue ni cambie de sede ni de capital social, para lo cual, a partir de ahora, será necesario 75 por ciento de los votos tanto de los accionistas como del consejo de administración.

Acusan a la mexicana de intentar desestabilizar

Además, logró la aprobación de la propuesta de la petrolera argentina YPF para cerrar el conflicto abierto a raíz de la expropiación de sus acciones en la empresa y en los proyectos de exploración en el yacimiento de Vaca Muerta. Y, por último, recuperar la confianza de importantes accionistas, como el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, y de otros fondos de inversión con acciones en Repsol, como Calvert Investment, Canadian Pension Plan, Ontario Teachers, F&C Investment y Vanguard.

Durante su intervención ante los accionistas, Brufau no fue ni siquiera diplomático y acusó a Pemex y a sus antiguos aliados de Sacyr de intentar desestabilizar a la empresa mediante pactos al margen de los intereses de la compañía, y advirtió que ahora, con la propuesta de segregar a Repsol, estaríamos ante una nueva versión de un asedio no deseado.

Desde un punto de vista de negocio, sería una barbaridad desgajar esta empresa en dos. Recuerdo también el pacto de un socio de esta casa [Luis del Rivero, presidente entonces de Sacyr] con el presidente de otro socio [Pemex] para controlar la empresa sin lanzar una OPA. A partir de ahora quien quiera controlar el negocio tendrá que hacer una OPA y ahí estarán todos ustedes. No nos preocupa su incidencia en el mercado, sí evitar demasiado ruido y que todos ustedes sean partícipes de las grandes decisiones.

Brufau también calificó las maniobras del pasado de Pemex y Sacyr –que culminaron en un fracaso estruendoso y con pérdidas millonarias para la petrolera mexicana, con la aprobación de la anterior directiva, encabezada por Juan José Suárez Coppel– de operaciones no muy transparentes.

Con estas advertencias, Brufau logró el apoyo de gran parte de los accionistas, así como el blindaje de la compañía ante una posible segregación de sus divisiones de exploración y producción de hidrocarburos, refinación y mercadeo. Incluso advirtió en reiteradas ocasiones que estos riesgos están ahí, están hoy aquí, porque hay mucho ruido, hay mucha crítica que no se entiende bien, en clara alusión a Pemex y a su actual director, Emilio Lozoya, quien ha criticado en varias ocasiones la forma de gestionar la empresa por parte del empresario catalán.

Julio Francisco Poulat, representante de Pemex, tras votar en contra de las propuestas de Brufau y en respuesta a las evidentes alusiones a su actuación en el pasado y en el presente, pidió la palabra ante la junta general, y volvió de nuevo a criticar la iniciativa, al considerar que pondrá en una situación de desventaja competitiva a Repsol frente a sus rivales, además de que los cambios estatutarios, a su juicio, no están justificados y resultan perjudiciales para los accionistas. Asimismo, respondió que Pemex no tiene intención de promover ni secundar ninguna separación ni segregación entre las actividades. Por tanto, es una polémica artificial. Repsol debe estar en la mejor posición para adoptar con la mayor fortaleza y flexibilidad los retos de futuro, sin condicionantes que limiten su capacidad de adaptación.

La junta general también aprobó la propuesta del gobierno de Argentina, de Cristina Fernández de Kirchner, para indemnizar a Repsol por la expropiación de 51 por ciento de sus acciones en YPF, monto que finalmente quedó fijado en 5 mil millones de dólares como compensación y garantías del pago efectivo.