Los casos que en meses recientes se han dado a conocer sobre mujeres que dieron a luz afuera de hospitales o en algún taxi en Chiapas y Oaxaca son unos cuantos respecto de los 931 que ocurren cada año en el país. La Secretaría de Salud (Ssa) los identifica como partos fortuitos. Aunque no es una práctica sistémica, el gobierno federal trabaja para evitarlos, aseguró durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada ayer en Washington.

Por primera vez, y en el contexto del 150 periodo ordinario de sesiones, el organismo internacional abordó el tema de violencia obstétrica y salud materna en México. Ahí, las organizaciones civiles Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Parto Libre y Sakil Nichim Anzetik denunciaron que las mujeres enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, desde la negativa de la atención médica, discriminación y malos tratos e inhumanos, así como atención deficiente en los servicios de salud materna.

Estos osbtáculos han sido comprobados en investigaciones como la que coordinó Roberto Castro, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en un trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en hospitales de Morelos.

El Gire destacó ante la CIDH que esas conductas reflejan fallas estructurales en la atención médica y pautas comunes de violación a los derechos humanos de las usuarias, lo que se debe a la insuficiente infraestructura y capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y estatales, para atender partos y urgencias obstétricas.

Por su parte, el gobierno de México –representado por Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa– expresó su rechazo absoluto a la violencia obstétrica y dio cuenta de las acciones emprendidas para abatir el problema, como la inclusión, por primera vez, de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan sectorial de salud y los programas específicos.

Mientras se efectuaba la audiencia, en la ciudad de México Gobernación y la Ssa emitieron un comunicado en el que señalaron que los casos de falta de atención médica a mujeres que requirieron atención obstétrica se investigaron, se deslindaron responsabilidades y se aplicaron sanciones conforme a la ley.

En Washington, los funcionarios federales también comentaron sobre la próxima conclusión del proceso de actualización de la norma oficial mexicana (NOM) 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, en trámite desde 2011.

El ordenamiento incorpora varias novedades, como la indicación dar prioridad al trabajo de parto y la posibilidad de que la mujer dé a luz en posición vertical.

La nueva NOM señala que se deberán evitar intervenciones no justificadas, como los enemas (lavados vía rectal), rasurado, episiotomía rutinaria y cesáreas no indicadas clínicamente. Resalta la obligación del personal de salud de dar trato digno y respetuoso a las pacientes.

Indicaron que a escala nacional se registran alrededor de 2.2 millones de nacimientos al año, de los cuales más de 95 por ciento se atienden en instituciones de salud. Así, los 931 partos que ocurren afuera de los hospitales no representan una práctica sistemática, pero sí son motivo de preocupación y ocupación de la administración federal.

Mencionaron que el pasado 31 de octubre se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, en la cual se acordó trabajar para que haya cero rechazo en las unidades médicas, que todas las mujeres reciban trato digno y respetuoso a sus derechos humanos.