San Cristóbal de Las Casas, Chis., 25 de marzo.

Crece el descontento de la población carcelaria en el penal estatal de este municipio a causa de abusos y restricciones impuestas por el nuevo director, quien ocupa el cargo desde hace 20 días. Antes de ocupar el puesto, Juan José Trujillo Cruz fue agente del Ministerio Público (MP), y según los testimonios de los presos, se sigue comportando como tal. La escasez de medicamentos ahora es completa, y ya dos sucesivos contadores han advertido que la institución dejará de proporcionarlos a los internos, en su gran mayoría indígenas de los Altos.

Desde febrero, las personas encarceladas venían denunciando que la comida es de mala calidad, en ocasiones está descompuesta y no es comestible. Incluso el lenguaje con que se dirigen las autoridades del penal a la población ha cambiado radicalmente desde que salieran libres Alberto Patishtán, los miembros de La Voz del Amate y los adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona, en el transcurso de 2013.

Cabe decir que la defensa de sus derechos alcanzó a beneficiar a los centenares de presos, pues había voz y atención para ellos. Dentro de ciertos límites, aquella solidaridad humanizó perceptiblemente la vida del penal. Ahora parece llegar una revancha autoritaria.

A un indígena que demandó medicamentos el director le dijo: Mira, papacito, de ahora en adelante tú te tienes que comprar tus medicinas. No me puedes responsabilizar, ni al CERSS. No somos chamaquitos para surtirte tu medicina. Desde los primeros días en el puesto dejó claro que le vale.

El descontento alcanza al personal del penal, según versión extendida entre los presos. En las semanas recientes, los reclusos del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14 han denunciado malos tratos en varias ocasiones. Ahora se suma una novedad: el contador José Asunción Chacón Méndez anunció que se cobrará un impuesto a los artesanos y a quienes ejercen algún oficio, como carpintería. Deberán entregar el siete por ciento de sus ganancias en la venta de hamacas, bordados y utensilios cuya manufactura permite a los internos generar alguna ganancia. Y se trata de actividades previstas en el programa de reinserción social que se supone rige a la institución.

En opinión de Alejandro Díaz Sántiz, el único adherente de la Sexta que permanece privado de la libertad en el CERSS 14, y de otros indígenas consultados por La Jornada que solicitaron no ser identificados, los tratan así precisamente por ser indígenas.

Algunos ya conocían al director: fue el agente de MP que los envió a la cárcel. Anteriormente no pasaba así en el CERSS, recuerda uno de ellos. Por ejemplo, los medicamentos podían tardar hasta tres meses, pero llegaban, no que ahora ya nos advirtieron que los conseguirán las familias. Ya ni se expiden recetas.

A su vez, Díaz Sántiz señala que tanto el director Trujillo Cruz como el contador Chacón Méndez han declarado que no le temen a ninguna denuncia ni a ninguna organización de los presos. Hasta hace unos meses los oficios eran autogestivos, ahora por cualquier trabajo, hasta para pasar los materiales, se pagará una suma. “Nos dicen que el ‘impuesto’ es para ‘surtir’ nuestras necesidades”.

En decenas de casos documentados por organismos de derechos humanos en los años recientes, muchos indígenas fueron detenidos arbitrariamente, torturados, sometidos a procesos irregulares y sin traductor, siendo con frecuencia inocentes.

Protestas y huelgas de hambre durante el pasado lustro evidenciaron el modo de operar de ciertos agentes del Ministerio Público, jueces, policías estatales y municipales. No obstante el número de ocasiones en que tales prácticas quedaron demostradas (Patishtán no es el único caso), nunca se han ejercido sanciones ni acción penal. Antes bien, malos servidores públicos han sido promovidos a otros cargos.

Por último, Díaz Sántiz rei­teró su exigencia de libertad, recordando el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello, y apelando a los gobiernos de Veracruz (donde está su expediente) y federal.