El Ejecutivo Federal hizo llegar por fin al Senado las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, con lo que se oficializó el proyecto que circuló la semana pasada. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se le quitan atribuciones que pasan a la Secretaría de Gobernación (SG), la cual tendrá todos los poderes en materia de contenidos, la administración de tiempos del Estado e incluso sancionará su incumplimiento.

Por lo que hace a las concesiones, se destaca que las otorgará el Ifetel, pero con opinión no vinculante de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Desaparecen los tiempos fiscales y sólo dejan 30 minutos para tiempos del Estado en radio y televisión.

Asimismo, precisa que a la SCT también le corresponderá emitir opinión técnica para la prórroga o revocación de concesiones, adoptar las medidas para continuar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión ‘‘cuando el instituto le dé aviso en los casos previstos en la ley; elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno; realizar acciones tendentes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios públicos, y coadyuvar con gobiernos locales para cumplir este objetivo, así como realizar la requisa, entre otras’’.

Detalla que a la Secretaría de Gobernación, además de administrar los tiempos de Estado, le corresponde vigilar que las transmisiones de radiodifusión y contenidos audiovisuales se apeguen a lo que marca la ley y sancionar su incumplimiento.

Las leyes secundarias que envió el Ejecutivo al Senado mantienen el otorgamiento de concesiones por subasta, al establecer en el artículo 78 que para otorgar las mismas en materia de telecomunicaciones el Ifetel tomará en cuenta, entre otros, la propuesta económica.

Asimismo, se confirma en la propuesta de leyes secundarias del presidente Peña Nieto que el Ifetel deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en el sector de la radiodifusión y en el de las telecomunicaciones, ‘‘e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecten la competencia y la libre concurrencia, y con ello a los usuarios finales, de conformidad con lo previsto en la Carta Magna y la presente ley’’.

Señala que entre las medidas que el Ifetel podrá imponer con ese fin se encuentran aquellas relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructura de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales, y en ese caso, la separación contable, funcional o estructural del agente respectivo en cada sector.

No obstante, el senador del PAN Javier Corral manifestó que la propuesta del Ejecutivo tiene una desigual forma de tratar a los dos agentes dominantes. ‘‘Mientras que en telecomunicaciones se plantean las medidas necesarias para enfrentar la concentración del mercado, a las televisoras no se les fijan medidas relevantes’’, lo cual favorece claramente a Televisa.

En el capítulo de sanciones en materia de contenidos audiovisuales, las multas se redujeron en la propuesta oficial que llegó ayer al Senado, con respecto a la que circuló la semana pasada. Así, en el anteproyecto se sancionaba con 0.5 a 2 por ciento de los ingresos del concesionario, por presentar de manera extemporánea avisos, reportes, documentos o información. En la propuesta gubernamental quedó de 0.01 a 0.05 por ciento.

También se fijaba una sanción de 0.5 a 2 por ciento de los ingresos del concesionario, por incumplir los tiempos del Estado, y en la propuesta oficial enviada ayer quedó en una sanción de 0.51 a uno por ciento.

Asimismo, se sancionaba con entre 2.01 y 5 por ciento de los ingresos al concesionario que no atendiera las clasificaciones, y las penalizaciones quedaron de 1.01 a 2.5 por ciento.

Aunque desde ayer por la tarde fueron turnadas a las comisiones senatoriales que las dictaminarán, en la sesión de este martes se notificará al pleno que ayer se recibieron por parte del titular del Ejecutivo Federal las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.