Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), informó ayer que en las investigaciones sobre Amado Yáñez Osuna, principal accionista de la empresa Oceanografía, la dependencia sólo tiene la presunción de que se cometieron ‘‘conductas típicas de delito’’, pero aún no cuenta con pruebas que señalen al empresario como probable responsable de fraude y/o lavado de dinero, por lo que, a fin de continuar con la indagatoria, la dependencia obtuvo un arraigo domiciliario en su contra.

Murillo no informó ayer el lugar exacto en que Yáñez enfrentará los 40 días de arraigo, pero fuentes gubernamentales y del Poder Judicial Federal revelaron a La Jornada que la PGR autorizó al empresario a permanecer arraigado en un inmueble de su propiedad, ubicado en el fraccionamiento Las Brisas, en Acapulco, Guerrero, el cual cuenta con servicios de alberca y gimnasio.

El procurador encabezó este lunes la segunda conferencia de prensa que ofrece en menos de un mes para referirse al tema Oceanografía. La primera conferencia de medios la realizó Murillo el pasado 28 de febrero, cuando informó que la PGR aseguró ese mismo día los bienes de la empresa Oceanografía y designó como administrador de la misma al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Desde el 11 de febrero pasado, la PGR tuvo conocimiento de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Oceanografía para recibir contratos del gobierno y la multó con más de 24 millones de pesos por incumplimientos contractuales que afectan el patrimonio de Pemex. Varios días después, Banamex presentó ante la PGR una denuncia contra Oceanografía por el presunto fraude de más de 300 millones de dólares.

El 5 de marzo pasado, Emilio Lozoya, director de Pemex, recordó que la contraloría de la paraestatal inició una auditoría a proveedores para investigar contratos con incumplimientos en plazos, a partir de la cual se encontraron anomalías en Oceanografía que concluyeron en su inhabilitación por parte de la Función Pública.

A raíz de lo anterior, dijo Lozoya Austin en una entrevista radiofónica, Banamex-Citigroup inició una revisión de sus operaciones con Oceanografía y detectó el presunto fraude del que ahora se acusa a la firma intervenida por la PGR.

Es en ese contexto que Amado Yáñez Osuna, acompañado de su abogado, Sergio Viveros –quien ha litigado varios asuntos civiles y familiares para la familia Yáñez–, se presentó el pasado sábado a las instalaciones de la procuraduría, con el propósito de conocer la averiguación previa iniciada en su contra.

En la conferencia de prensa efectuada ayer en las instalaciones de la PGR en la ciudad de México, Murillo dijo que si bien las autoridades federales todavía están definiendo de qué delitos se acusará a Yáñez, por el momento sólo puede informar que existen elementos para pensar que hubo ‘‘algunas conductas típicas de delito’’. Destacó que ‘‘si no hubiéramos actuado con celeridad (…) nos hubiéramos quedado con mucho menos información’’. Agregó que el Ministerio Público Federal optó por el arraigo de Yáñez y no por su inmediata consignación penal, con el propósito de ‘‘proteger valores superiores’’.

Desde el inicio de la administración peñista, Murillo fue uno de los principales críticos de la figura legal del arraigo, por considerar que se ha prestado a abusos de la autoridad ministerial, pero dijo que en el caso específico de Yáñez Osuna está justificado su uso, ya que la finalidad es proteger las más de 11 mil fuentes de empleo en Oceanografía y mantener la operatividad continua de Petróleos Mexicanos. ‘‘Decidimos utilizar como medida extraordinaria el arraigo, como lo hemos hecho desde que llegamos a la procuraduría, sólo en valores superiores’’, explicó el procurador.

‘‘Se le arraiga para determinar las condiciones (de las posibles conductas delictivas) No tengo un delito precisado; en consecuencia, hasta que no esté el delito fijado no lo puedo señalar como indiciado’’, añadió.

El titular de la PGR descartó que después de 40 días de arraigo Yánez Osuna pueda recuperar su libertad, pues –dijo– es tiempo suficiente para integrar una averiguación previa sólida que evite actos de impunidad.

Añadió que en su gestión como titular de la Procuraduría General de la República una de sus prioridades es respetar el principio de presunción de inocencia, por lo que sólo cuando tenga condiciones de plenitud de certeza probatoria actuará en contra de Amado Yáñez.