La Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, alertaron que el sistema de pensiones en cuentas individuales representa un riesgo para las finanzas públicas, además de que, al término de su vida laboral, la mayoría de los trabajadores sólo tiene garantizada una pensión de 35 por ciento de su salario base, en el caso de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de 64 por ciento de quienes cotizan al de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Durante la primera jornada de revisión del informe de la Cuenta Pública 2012, Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de la ASF desde hace 14 años y experto en fiscalización de deuda pública, explicó que el problema subyace en cómo financiar los 6 billones de pesos que se requieren para pagar a largo plazo las pensiones de 18 millones de trabajadores que se jubilarán bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Informó que de las 50 millones de cuentas de trabajadores que cotizan en el sistema individual, 32 millones optaron por una pensión a partir de la Ley del Seguro Social de 1997, y el resto mantenerse bajo el esquema de ‘‘beneficio definido’’, esto es, que independientemente del ahorro que tengan en su Afore tienen garantizada una pensión de entre 70 y 100 por ciento de su salario.

‘‘El problema es que estos 18 millones de trabajadores bajo la pensión tradicional (de la ley de 1973) representan un adeudo o faltante de 6 billones de pesos’’, afirmó. El auditor expresó que aun cuando este adeudo de déficit no se hará efectivo a corto plazo, sí requiere atención tanto del gobierno como de la Cámara de Diputados.

En el mismo tenor, el titular de la UEC, Alejandro Romero Gudiño, sostuvo que además de las pensiones bajas, ‘‘el déficit pensionario es un riesgo latente para las finanzas públicas nacionales’’. Al respecto, en el análisis del resultado de la fiscalización, la unidad informó a la Cámara de Diputados que el déficit actuarial de las pensiones continúa avanzando y que los pasivos laborales del sistema representaron 40.6 por ciento del PIB, esto es, 13 veces el endeudamiento neto del sector público presupuestario y el equivalente a 1.6 al gasto neto presupuestario pagado.

‘‘Los pasivos laborales de los sistemas pensionarios no contribuyen a la estabilidad de las finanzas públicas’’, resaltó la Unidad de Evaluación y Control de San Lázaro.

Al respecto, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, explicó que el modelo de cuentas individuales le cuesta al erario casi 500 mil millones de pesos al año, que el Estado destina del Presupuesto de Egresos de la Federación ‘‘por los compromisos que se asumieron a partir de la aceptación de este sistema’’.

Esta estrategia, explicó, sólo ha servido para financiar al gobierno y enriquecer a las Afore, pero no para pagar pensiones dignas. Dijo que de los 2 billones 51 mil millones de pesos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) (equivalente a 12.9 por ciento del PIB), la mitad están invertidos en deuda gubernamental. Detalló que en tanto las Afore han obtenido utilidades netas por 87 mil millones de pesos, los ahorros de los trabajadores sufrieron pérdidas de 139 mil millones en agosto de 2013. Por el contrario, en octubre de ese año las administradoras registraron utilidades netas de 12 mil millones de pesos. ‘‘Es evidente que han engullido una parte importante de los recursos a través de comisiones que cobran’’, cuestionó.

Alberto García, asesor de la vicecoordinación del PRD, explicó que al cuarto trimestre de 2014, el rendimiento real de las Afore, sin inflación y comisiones, va de 3.2 a 6.3 por ciento, y en contraste el promedio de comisiones que pagan los trabajadores es de 17.7 por ciento de las aportaciones al seguro de retiro, cesantía y vejez.

Detalló que en casi 17 años de operación del SAR, el promedio de cada una de las 50 millones de cuentas individuales es de 40 mil 668 pesos.

Si continúa ese ritmo, dijo, cuando se cumplan 25 años del esquema de pensiones y los primeros trabajadores tramiten su retiro, el saldo promedio será de 61 mil 573 pesos, lo que alcanzará solo para pagar 2 años y medio de pensión, y el resto deberá ser financiado con recursos públicos. No obstante, acotó, no se cuenta con las reservas para responder a ese compromiso.

Existe opacidad en obligaciones laborales

Asimismo, la UEC refirió que en la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación reveló que más de 60 por ciento de las 44 instituciones que tienen a su cargo la administración de planes de pensiones no informó el monto de sus obligaciones laborales en sus estados financieros, en contra de las normas de transparencia en esta materia.

Además, explicó, sólo 18 de esas instituciones otorgaron una pensión mayor que el mínimo establecido por la Ley del Seguro Social, y ocho otorgaron una pensión mayor que el mínimo establecido en la Ley del Issste.