l gobierno del estado inició una averiguación previa para dar con los responsables de que en la zona oriente de Acapulco se haya producido una severa inundación durante el paso de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre pasado.

Se trata de una indagatoria de tipo penal, en respuesta al compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de sancionar a quienes dieron licencias para construir en zonas inundables.

Sin embargo, la averiguación de la procuraduría guerrerense sólo se está enfocando en los funcionarios municipales que otorgaron licencias en los 12 años recientes, sin que hasta ahora se sepa que se esté investigando a algún funcionario estatal o federal.

La zona afectada se ubica entre la laguna de Tres Palos y el mar, y por ahí fluye el río La Sabana. Ahí construyeron cientos de viviendas las empresas Casas Geo, Ara y Homex, entre otras; además, el Poder Judicial de la Federación construyó su Palacio de Justicia y se instalaron centros comerciales y deportivos.

Durante los meteoros, la hidroeléctica La Venta, administrada por la Comisión Federal de Electricidad, colapsó porque las compuertas no se abrieron a tiempo, y arrojó sobre el área una gigantesca cantidad de agua a través del río. Ese fue un problema.

Por otro lado, se habla del otorgamiento de licencias, pero sin decir que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deben autorizar antes la manifestación de impacto ambiental y asegurarse de que no se pretenda construir sobre humedales o cuerpos de agua. Si esas dependencias dan su aval, el ayuntamiento está obligado a dar la licencia de construcción.

El reglamento de construcción estipula que a cargo de cada proyecto hay un director responsable de obra, un perito nombrado por los colegios de profesionales. Pero las pesquisas de la procuraduría no apuntan hacia la Semarnat, la Conagua o a los directores de obra, sólo al municipio. Algo raro se está cocinando.