Pese a que la corrupción tiene un costo para el país de alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) –según cálculos de la iniciativa privada–, el reciente órgano aprobado para combatir este flagelo sólo obedece a un cambio de nombre y carece de una estructura eficiente para ir al fondo de los ilícitos, por lo que la podredumbre del sistema continuará, advirtió el especialista Javier Esteinou Madrid.

De acuerdo con Global Financial Integrity, México ocupó el tercer lugar, sólo después de China y Rusia, en cuanto a la mayor exportación de flujos de dinero ilícito, y el más reciente informe de competitividad, realizado por el Foro Económico Global, precisó que el país ocupó la posición 88 en pagos irregulares y sobornos, y el sitio 67 en la transparencia de formulación de políticas gubernamentales.

Después de que la aprobación de la llamada Comisión Anticorrupción –que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP)– estuvo atorada más de un año, el pasado 13 de diciembre, en el último día de sesiones del periodo ordinario, el Senado avaló este órgano que será autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Al respecto, Esteinou Madrid, experto en temas de transparencia y profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que antes de este nuevo órgano se creó la Secretaría de la Contraloría y luego la SFP, las cuales sólo sirvieron para detener los grandes escándalos sin combatir los ilícitos que han permeado en todos los niveles. Ahora, dijo, se llamará Comisión Anticorrupción, sin que esto signifique un cambio real para frenar, perseguir y castigar los delitos.

Acusó que los legisladores fueron tenues, débiles e irresponsables al no haber establecido planteamientos más radicales y al mismo nivel de los que se emplearon para realizar las reformas estructurales. Lo anterior refleja que esto es un barniz de moralidad, pero no un instrumento para enderezar la administración pública en el país.

El dictamen avalado por el Senado señala que el nuevo órgano tendrá un titular que será nombrado por las dos terceras partes de los senadores y contará con un consejo consultivo, cuyos miembros serán electos por esa cámara, mediante consulta pública, así como por un representante del Ejecutivo federal, uno de la Auditoría Superior de la Federación y otro del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai).

El especialista destacó que, en principio, un órgano de esta naturaleza debió ser integrado por sectores ciudadanos que realmente vigilen al gobierno y a las entidades privadas con el rigor y la fuerza necesarias. Además, observó, al haber un representante de la Presidencia, esto puede contribuir a que los expedientes se desvíen y no se llegue hasta las últimas consecuencias.

En una carta que envió en días pasados al Senado, la organización México Evalúa enfatizó también que un órgano anticorrupción sin los dientes institucionales para perseguir a todo aquel funcionario público corrupto verá mermada su eficacia. Sería necesario un mecanismo similar al que rige hoy las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que la autoridad debe fundar y motivar expresamente cualquier incumplimiento a éstas.

Esteinou Madrid expresó que para combatir la cultura de corrupción que permea en nuestro país se requiere una política en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el sistema educativo tendría que introducirse en los libros de texto un apartado especial en el que se hable de la ética y la honorabilidad como un valor social. Pero también se requieren normas más estrictas y dar seguimiento a los procesos de corrupción que hoy día ni siquiera se han terminado de atender.