Chilpancingo, Gro., 23 de marzo.

Organizaciones de derechos humanos de Guerrero afirmaron que el conflicto interno de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) ocurre por la presión de los gobiernos federal y estatal para debilitar la autonomía y credibilidad de una entidad con respaldo social, legítimo y legal.

Asociaciones como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón aseguraron que dicho conflicto se da en el contexto de la incursión policiaco-militar en diversas regiones donde se denunció el hostigamiento contra pobladores y líderes sociales.

En el municipio de Tixtla hubo detenciones de integrantes de la CRAC; en la sierra de Coyuca de Catalán hostigaron a los desplazados de La Laguna que se refugiaron en Puerto de Las Ollas y en la normal de Ayotzinapa se presentaron fuerzas federales durante la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa.

Dijeron que la CRAC-PC está estrechamente vinculada con la defensa del territorio de la Montaña y la Costa Chica en contra de las mineras, y es el único baluarte de los pueblos con la suficiente estructura para oponerse a la explotación de yacimientos y a las industrias extractivas.

Era de esperarse que el Estado buscara debilitarla desde diferentes ámbitos: la creación de autodefensas, la criminalización de los representantes comunitarios, la aparente asimilación a las instituciones de seguridad del estado y la facilitación de medios e infraestructura, entre otros.

Agregaron: ¿Pretende la facción de Eliseo Villar polarizar más la situación, al grado de que haya muertos y provocar una acción militar y policiaca del Estado mexicano? Si algo ha defendido la CRAC-PC es su autonomía; la caracteriza su capacidad de aprender de otros procesos y experiencias, así como escuchar críticas constructivas.

Por esa situación exigieron a los gobiernos federal y estatal que se abstengan de interferir y provocar la profundización de la división en esa organización que tiene respaldo social, legítimo y legal, y que respete su autonomía.

En tanto, la asamblea de la CRAC-PC acordó la noche del sábado inhabilitar al coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, acusado de entregar dinero a gente de la CRAC para supuestamente comprar armas y uniformes.