A casi tres años de que el Senado opera en la sede de Reforma a Insurgentes, los órganos de dirección decidieron contratar a dos despachos jurídicos que brindarán asesoría en el proceso final de entrega-recepción del edificio, que está por iniciar.

Es un acuerdo entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación del Senado, que presiden Raúl Cervantes y Jorge Luis Preciado, respectivamente, a fin de garantizar transparencia en la entrega del inmueble, al que mudó sus actividades el órgano legislativo en abril del 2011, pero cuyas instalaciones aún no recibe formalmente por el gran número de irregularidades y fallos presentados a partir de esa fecha.

Fue necesario construir baños, rehabilitar escaleras, reforzar las puertas de cristal, que se venían abajo con frecuencia, componer estructuras para evitar inundaciones y muchas otras tareas en el edificio que tuvo un costo cercano a los 4 mil millones de pesos.

En el documento de los órganos de dirección del Senado, publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria, se precisa que es necesaria la asesoría jurídica especializada, dado que el vehículo financiero que se empleó para la construcción y equipamiento de la nueva sede es un fideicomiso, en el que han intervenido diversas instancias y entidades, mediante contratos diversos.