El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, sostuvo que el paro de 6 mil policías que llegó hoy a su sexto día es ilegal y su gobierno valora su comportamiento para, en su caso, proceder en términos de ley.

En tanto, miles de inconformes (policías estatales, agentes de tránsito y bomberos) continúan en la explanada de la corporación y reiteraron que su demanda central es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Audomero Martínez Zapata, a quien acusan de actos prepotentes.

Exigen aumento en el pago de viáticos y de alimentos, así como la dotación de uniformes y demandan que se respete su jornada –es de 24 horas de trabajo por 48 de descanso y pretenden cambiarla a 24 de trabajo por 24 de descanso.

Aseguró en una entrevista de radio que se trata de problemas acumulados de varios sexenios, y en el conflicto está en juego una política institucional y de profesionalización, pues es necesario un cambio de actitudes y comportamientos para cumplirle a los tabasqueños.

Reiteró que no se negocia la renuncia de Martínez Zapata, pero estamos abiertos al diálogo y hacer revisiones presupuestales para atender las demandas justas de los policías tabasqueños.

Déficit de policías en estados

El déficit de policías en San Miguel de Allende, Guanajuato, y el abandono de las comunidades rurales, son algunas causas que han generado un alza en la criminalidad en esa ciudad turística, aseguró el regidor Fernando García.

Habitantes denunciaron que hay por lo menos dos bandas que asaltan con armas de fuego a los ciudadanos en las comunidades rurales. Denunciaron que se incrementó en 40 por ciento el robo con violencia y aunque tienen 160 mil habitantes tiene la incidencia delictiva mayor que León, donde habitan millón y medio.

En tanto, la Federación de Cámaras de Comercio en Coahuila llamó al ayuntamiento de Saltillo a resolver el déficit de policías y dar resultados en la prevención del robo a comercios, viviendas y transeúntes que se duplicó en los primeros dos meses del año. En Zacatecas 24 policías municipales fueron dados de baja por no aprobar los exámenes de control de confianza en la capital.

(Con información de Carlos. García, Leopoldo Ramos y Alfredo Valadez, corresponsales)