Dallas, 17 de marzo.

Una magistrada federal de Estados Unidos ordenó hoy difundir los nombres y direcciones de propietarios de tierras afectados por la construcción de un muro en la frontera Texas-México.

La juez Beryl Howell manifestó que la difusión de esos datos puede arrojar luz sobre su impacto en las comunidades indígenas, la inequidad en el trato a las comunidades minoritarias y sus ingresos.

De igual forma, en su dictamen emitido este lunes, la magistrada aseveró que la medida pondría en claro las prácticas de contratistas privados en ese tipo de casos.

La información fue solicitada por Denise Gilman, profesora de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas en Austin, para conocer el efecto de la construcción del muro en los derechos humanos.

Una ley federal aprobada en 2006 ordenó la construcción de unos mil 150 kilómetros de muro en la frontera con México, y pidió al Departamento de Seguridad Interna establecer la ubicación de los sitios para esa obra.

En 2009, Gilman presentó una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Información para conocer los registros que detallan dónde se construyeron partes de esa barda y qué datos se utilizaron para decidirlo.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos dio a conocer miles de documentos, pero omitió cierta información, como nombres y direcciones de los propietarios afectados.

Gilman interpuso otra demanda para obtener esos datos, con el argumento de que el interés público sobre el impacto del muro superaba cualquier preocupación por la privacidad de los propietarios.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza respondió que la divulgación de esa información pondría en riesgo el derecho a la privacidad de los propietarios, y los exponía a contacto no deseado con los medios de comunicación y otros interesados.

Sin embargo, la juez decidió que el interés público en el conocimiento de cómo la Oficina de Adunadas negoció con los particulares la planificación y construcción de la barda fronteriza es importante y prevalece sobre el interés privado.

Sin embargo, la magistrada dictaminó que la Oficina de Aduanas no tiene que revelar correos electrónicos de los propietarios ni estará obligada a dar a conocer datos ni números sobre las áreas patrulladas.

Esa información da a conocer las operaciones y las vulnerabilidades de la Oficina de Aduanas, que no son datos públicos a los que se acceda fácilmente y su difusión podría facilitar que se burle la ley, escribió Howell en su sentencia.