Es necesario respetar los derechos humanos y la autonomía de los consumidores de drogas y no tratarlos como si fueran narcotraficantes, señala el informe Drogas y derechos humanos en la ciudad de México 2012-2013 que entregó la ombudsman de la capital, Perla Gómez Gallardo, a los diputados promoventes de la iniciativa de “ley para la reducción de riesgos y daños en el aprovisionamiento y uso de la cannabis.

Hoy día las personas usuarias de drogas se encuentran en una situación adversa por el estigma y los prejuicios que enfrentan, los cuales están vinculados a la percepción dominante en la sociedad que relaciona las drogas con la enfermedad, la adicción y/o la delincuencia, agrega el documento. En él se explican las consecuencias que ha tenido la política punitiva, consistente en criminalizar la posesión, consumo y tráfico de drogas.

Enfatiza que hoy día las cantidades autorizadas “son sumamente restrictivas y presentan un enfoque poco realista… que tiene como resultado inmediato la criminalización de las personas usuarias”.

Señala que se deben implantar medidas legislativas y políticas públicas para garantizar los derechos de los consumidores de drogas, pues el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, sin distinción alguna.

En contraparte, las políticas punitivas contra las drogas tienden a marginalizar a las personas usuarias, al reforzar una visión estigmatizadora y situaciones de discriminación y criminalización contra los consumidores.

En particular, las autoridades judiciales deben orientarse –se indica en el documento– “hacia la persecución de los delitos graves en materia de tráfico de drogas… de delitos graves contra la salud”, a la vez que proteger a las personas usuarias del uso excesivo de la fuerza y otros abusos que atenten a su dignidad y seguridad.

También recomienda generar información oportuna y veraz acerca de las distintas drogas, los diversos usos y efectos que tienen, así como sobre las políticas de reducción de riesgos y daños adaptadas a las distintas situaciones de usos y dependencia.

Mientras, el diputado local Jesús Sesma, del Partido Verde Ecoligista de México, dijo que el debate sobre el tema de la mariguana debe ser plural e incluyente y no caer en la tentación de dar validez a las opiniones que son favorables a las propuestas del PRD presentadas en la ALDF, el Senado y la Cámara de Diputados.

La ALDF debe conocer la opinión sobre el tema del Poder Judicial local, es decir, el Tribunal Superior de Justicia, así como de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública capitalinas.