on el telón de fondo de la detención del líder de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora, acusado del homicidio de dos personas, la Policía Federal dio un plazo de 48 horas para que los hombres que siguen al ahora detenido entreguen las armas. Éstos, a su vez, han manifestado temor de que el desarme derive en agresiones de integrantes de otros grupos de civiles armados que sitiaron La Ruana el pasado lunes, encabezados por Luis Antonio Torres González, El Americano, a quien el propio Mora vincula con el cártel de Los caballeros templarios.

Estos hechos confirman la validez de los señalamientos formulados desde el surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán sobre los riesgos de descontrol y multiplicación de violencia regional derivados de la proliferación de esas organizaciones y del respaldo gubernamental a grupos irregulares de civiles armados.

Dicha situación, por desgracia, se ve agravada por una falta de comprensión del fenómeno referido por las instancias públicas del propio Estado: ayer, en el marco de su informe de labores, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, dijo que los grupos de civiles armados que operan en Guerrero y Michoacán son un peligro y operan fuera de la ley. Con tal declaración, el funcionario dio muestras de desconocimiento sobre las diferencias sustanciales entre las guardias comunitarias guerrerenses y las autodefensas michoacanas: las primeras –con un historial de décadas en distintas localidades del país– están integradas a las estructuras de gobierno de las comunidades en las que sirven y su existencia y funcionamiento están previstos en el marco de los derechos de los pueblos indígenas; las autodefensas, en cambio, son grupos irregulares que no están sometidos a autoridad popular ni a circunscripción territorial alguna, y que operan, por definición, al margen de la ley.

En el caso específico de Michoacán, la proliferación de estas organizaciones estuvo precedida por una tolerancia, pasividad y corrupción gubernamental ante el accionar de las organizaciones delictivas, con lo que se colocó a la sociedad en absoluta desprotección. Pero esa omisión original del Estado en su deber de garantizar la seguridad pública se vio agravada por otra: el reconocimiento de facto de los grupos de autodefensa y, con ello, una nueva vulneración del marco jurídico vigente.

Las circunstancias de los últimos días en los poblados de Tierra Caliente colocan al gobierno federal en una disyuntiva ineludible: o se empeña en prohijar la ilegalidad con el respaldo a una de las facciones en pugna –lo que implicaría alentar una nueva e indeseable lucha armada entre michoacanos–, o se decide a aplicar la ley, empezando por el precepto que establece que las tareas de seguridad pública corresponden exclusivamente al Estado.

La administración encabezada por Enrique Peña Nieto ha tenido 15 meses para corregir el desastre de seguridad pública heredado por el gobierno de Felipe Calderón y, a estas alturas, le corresponde plenamente la responsabilidad por la situación que se vive en Tierra Caliente y en el resto del país. Es necesario que asuma a plenitud esa responsabilidad.