El gobierno de México reconoció, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un acuerdo que cancela apartados legales que buscaban penalizar la interacción con indocumentados y limita acciones de control migratorio de autoridades locales. El convenio fue alcanzado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil estadunidense con autoridades de Carolina del Sur, resultado de la demanda que interpusieron contra la ley SB20.

En un comunicado, destaca algunas disposiciones que quedan sin efecto: penalización por alojar y transportar indocumentados, la obligatoriedad de portar pruebas de registro migratorio y la detención y prolongación de detenciones sólo para investigar la condición migratoria de una persona.

Este convenio, agrega el texto, se suma a otro similar que organizaciones de la sociedad civil alcanzaron con autoridades de Alabama. En ese caso, se cancelaron disposiciones que criminalizaban la migración y abrían espacios para la posible aplicación indebida de la ley.

La norma SB20 fue promulgada en junio de 2011 y fue parcialmente suspendida por cortes federales en diciembre de ese año. Ese grupo de organizaciones y el gobierno de Estados Unidos presentaron demandas contra dicha legislación.