Dentro de un gremio que de por sí es víctima de acoso y agresiones, como el de los defensores de derechos humanos, las mujeres son un sector todavía más vulnerable, particularmente quienes luchan contra la violencia de género o trabajan en zonas rurales, lamentaron activistas de diversas organizaciones sociales.

De acuerdo con el colectivo Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), tan sólo en 2013 ocurrieron en México 161 agresiones contra defensoras de las garantías individuales, cinco de las cuales desembocaron en el asesinato de las víctimas.

Marusia López, coordinadora de la organización en México, detalló en entrevista con La Jornada que las activistas que sufren mayor cantidad de agresiones son quienes trabajan contra la violencia de género y los feminicidios, y en segundo lugar las que laboran en zonas rurales, defendiendo el territorio y los recursos de los pueblos indígenas.

Acerca de los perpetradores de las agresiones, JASS no pudo definir con exactitud la identidad de muchos de ellos, pero sí que la mayoría formaba parte de los cuerpos oficiales de seguridad, particularmente de las policías estatales y municipales.

Detrás de ellos, se encuentran diversos actores privados –muchos vinculados a empresas trasnacionales con interés en algún territorio en disputa–, que cuentan con la complicidad de las autoridades por acción, omisión o aquiescencia.

Entorno de discriminación

Otra cosa que nos parece importante destacar es que las mujeres defensoras de derechos humanos no sólo enfrentan condiciones de violencia por su trabajo, sino incluso por el entorno de discriminación en sus casas. Hay un gran subregistro de activistas que sufren violencia intrafamiliar o son blanco de campañas de desprestigio en sus propias comunidades, deploró.

La misma organización, junto con otros grupos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, documentó que entre 2010 y 2012, en México fueron asesinadas 25 activistas, entre ellas Marisela Escobedo, Beatriz Cariño y Josefina Reyes.

Lo anterior coloca al país como el tercero de América Latina donde se ejerce mayor violencia contra la población femenina, por debajo de Colombia y Honduras, dijo Marusia López, quien lamentó que las agresiones contra este sector de la población pone en riesgo conquistas históricas.

Lucha Castro y Alejandra Nuño, directora y asesora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem), respectivamente, destacaron que una de las entidades del país en donde esta espiral de agresiones es todavía mas notoria es Chihuahua, donde las autoridades no sólo no protegen a las activistas cuando son amenazadas, sino incluso las ponen en mayor riesgo al iniciar campañas de desprestigio en su contra.

El hecho de que Marisela Escobedo haya acabado así (asesinada el 16 de diciembre de 2010, mientras protestaba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua), igual que Josefina Reyes o Manuelita Solís, da cuenta de que las defensoras estamos en la mayor vulnerabilidad, enfatizaron.

En este contexto, el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha resultado una falacia, pues no ha logrado superar diversas trabas burocráticas que le impiden concretar la labor para la cual fue creado.