a Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció ayer el inicio de pesquisas al banco Citigroup por un posible fraude contable, luego de que la institución financiera reveló que su filial mexicana, Banamex, había realizado préstamos incobrables por 400 millones de dólares a la empresa Oceanografía, ex proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cabe señalar que la empresa propiedad de Amado Yáñez Osuna fue recientemente excluida –por 21 meses y 12 días– de los procesos de contratación del gobierno federal, luego que el Órgano Interno de Control de Pemex detectó irregularidades en contratos con la firma. A raíz de ello, Banamex inició una revisión de los préstamos a Oceanografía y detectó que la compañía incurrió en una presunta falsificación de documentación de cuentas por cobrar a Pemex. Por su parte, la Procuraduría General de la República inició una investigación que incluyó la intervención de Oceanografía, cuyos bienes quedaron a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y a esas pesquisas se sumaron las iniciadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin poner en tela de juicio la necesidad de estas investigaciones, debe advertirse que corren el riesgo de quedar reducidas a meras acciones cosméticas en tanto no deriven en el esclarecimiento de la red de encubrimiento, corrupción y tráfico de influencias que hizo posible que Pemex pasara tantos años sin darse cuenta de las irregularidades en que incurrió Oceanografía, y que permitieron que esa empresa, que estaba al borde de la quiebra a inicios de la década pasada, haya llegado a firmar contratos por miles de millones de dólares con la paraestatal durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Los elementos de juicio disponibles apuntan a que el eslabón central de esa cadena de inexplicable éxito empresarial son los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos políticos del primer ex mandatario panista y quienes, de acuerdo con la información obtenida por la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso a finales de la década pasada, aprovecharon su cercanía con el poder presidencial para gestionar millonarios contratos a favor de Oceanografía. El desaseo que caracterizó a los hijos de Martha Sahagún durante el sexenio de Vicente Fox forzó al gobierno de su sucesor, Felipe Calderón, a iniciar una investigación que se reveló, a la postre, como una simulación: baste recordar la desafortunada gestión del ex titular de la Secretaría de la Función Pública, Germán Martínez, quien manifestó reiteradamente su compromiso con las indagatorias del caso, pero cuya imparcialidad y credibilidad quedaron en entredicho cuando afirmó públicamente que él metería las manos al fuego por Vicente Fox.

La nueva administración federal tiene ante sí la oportunidad y la responsabilidad de llevar a cabo una pesquisa transparente y ejemplar en torno a las actividades ilícitas de Oceanografía, que conduzca a un deslinde de responsabilidades y, en su caso, a la aplicación de las sanciones correspondientes. Si lo hace de esa manera, se podrá revertir en alguna medida la crisis de credibilidad que padece el conjunto de la institucionalidad política en buena medida por las triquiñuelas de los delincuentes de cuello blanco. Actuar en otro sentido implicaría prolongar la red de impunidad y encubrimiento que ha imperado en torno a la referida empresa, y dejaría ver que el pacto de impunidad entre gobiernos persiste a pesar de las siglas y los colores partidistas.