La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano entregar toda la información que considere relevante sobre el dictamen con el que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de ley de manifestaciones públicas en el Distrito Federal, y lo emplazó a responder a más tardar para el próximo sábado, 1º de febrero.

En un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Secretaría de Gobernación comunicó a la Cámara de Diputados que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hizo llegar una comunicación a la representación permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde hace la petición.

El subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Felipe Solís Acero, solicitó que los órganos de gobierno de las dos cámaras del Congreso de la Unión entreguen en breve la información que estimen oportuna de dicho dictamen, el cual prohíbe a los ciudadanos u organizaciones presionar a cualquier autoridad a realizar cualquier manifestación no autorizada, así como limitar las movilizaciones a un horario y en vías no primarias.

Informó que la CIDH otorgó al Estado mexicano un plazo de 15 días contados a partir del 16 de enero para ofrecer la respuesta oficial, la cual deberá presentar antes del 1º de febrero.

Ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente se turnó el oficio a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y al Senado para que respondan.

El 10 de diciembre, con el respaldo del PRI y PVEM, Acción Nacional logró que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal aprobaran sin discusión la iniciativa del panista Jorge Sotomayor, a quien el PRD señala como integrante de El Yunque y del Opus Dei.

Sin embargo, la mesa directiva de la Cámara no puso el dictamen a discusión del pleno, por lo que forma parte de los 30 dictámenes que se espera debatir en la primera semana del periodo de sesiones que inicia el sábado.

El PRI quiere proteger al gobierno: López Suárez

Consultado sobre el emplazamiento, el diputado Roberto López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que el dictamen no ha sido promovido por el PRI, porque la CIDH ya inició la investigación y muy probablemente quiere proteger al gobierno de Enrique Peña Nieto de las críticas internacionales.

Refirió que en diciembre Amnistía Internacional presentó un recurso ante la CIDH, porque el proyecto del PAN, avalado por el PRI-PVEM, es violatorio de los derechos humanos y trata de justificar una represión abierta, a quien por causas de disidencia política u opinión distinta al Estado pueden ser amenazados y coartados en los libertades de manifestación y de expresión.

Por su parte, Elena Tapia Fonllem (PRD), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, insistió que la iniciativa del PAN “atenta contra las libertades fundamentales y pretende restringirlas, antes que favorecer su ejercicio.

La Cámara de Diputados debe atender la solicitud de la CIDH y allegarse de elementos que conduzcan a desechar el dictamen pues el Congreso, como parte del Estado mexicano, está obligado a cumplir y promover con el régimen internacional de los derechos humanos, declaró.