Nuevo Jerusalén, Chis. 29 de enero.

División en los pueblos, incluso entre familias. Promesas consumistas y ofensivas. Reparto de cheques. Condicionamiento de programas. Amenazas veladas y no tanto. Incluso, los enviados federales que promueven el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Registro (FANAR, sucesor del Procede) se presentan a negociar ofreciendo bebidas alcohólicas, como ocurrió a fines de 2013 en Joltulijá, hermosa comunidad con dos lagunas de peligroso potencial turístico.

“Llegaron a ofrecer un pomo de trago para los comisariados, que lo rechazaron diciendo ‘¿qué no ven que lo que estamos tratando es que la gente deje de beber y ustedes nos vienen a ofrecer alcohol?’”, relata un hombre mayor de dicha comunidad. Somos de mayoría en resistencia, pero unos cuántos a nuestras espaldas solicitaron las titulaciones del gobierno, que lo que busca es despojarnos. Su presión es grande, por el interés de turismo. Llegan con ministerios públicos y para asustarnos nos dicen que van a solicitar el Ejército para que aceptemos. De hecho, llegó un destacamento de la Armada, pero ante el rechazo de los indígenas se retiró.

Los indígenas señalan como responsables directos de esta escalada a la visitadora agraria Rita Guadalupe Medina Septién y al abogado Juan René Rodríguez, ambos de la Procuraduría Agraria en Ocosingo, acompañados por funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN). No han sido recibidos en Arroyo Granizo, La Arena, San José Guadalupe y Limonar, pero sí en Nuevo Francisco León y Lacanjá Tzeltal, a donde llegaron en octubre. Como huella de su paso, los funcionaros dejan división, a veces con falsos tintes religiosos pues suelen aceptar programas las personas de confesión evangélica. Si los que se oponen resultan católicos (y no pocos presbiterianos), las diferencias quedan garantizadas: Ya hubo pleitos, hasta entre hermanos. Dividen a las autoridades ejidales. Se amenazan entre ellos.

Se presentaron en Nuevo Francisco León desde septiembre, “a platicar sobre el FANAR, prometiendo apoyos, créditos, que aunque ya debamos dinero, podemos ir a Elek­tra a comprar refrigerador. ‘No hay desventajas, se pueden recibir muchos proyectos del gobierno’, nos dijeron”.

La sucesión de testimonios tienen la fuerza de la reiteración, la confirmación de por qué las comunidades en la selva Lacandona norte rechazan los procedimientos de titulación y regularización agraria que impulsa el gobierno. Muchas de ellas se encuentran, al menos en parte, dentro de la llamada zona de amortiguamiento de la reserva de Montes Azules. Durante muchos años los gobiernos han tratado de limitar sus derechos territoriales, o arrebatárselos. Cabe mencionar que en esta zona también hay numerosas bases de apoyo zapatistas, que de por sí rechazan cualquier intromisión gubernamental, no reciben programas y defienden su territorio.

Pero como dice una mujer de Lacanjá Tzeltal, la presión gubernamental ha servido para unir a católicos y presbiterianos, muchos priístas han dejado su partido por causa del FANAR. No hay acuerdo pero ya midieron la tierra, que no se ha entregado. Todavía lo podemos detener. Ya muchos se están arrepintiendo.

Los enviados gubernamentales advierten que las escrituras viejas ya no sirven. Además, condicionan la escrituración y programas como Procampo a la aceptación del FANAR. Violan la Ley Agraria ya que sin realizar convocatoria para la aprobación del programa, implementan las reglas de FANAR. Sus acciones fuera de la ley han causado división.

Los inconformes de Nuevo Francisco León y Lacanjá Tzeltal demandaron a la Procuraduría Agraria respeto a nuestros derechos agrarios y que no se condicionen los programas a cambiar nuestro régimen ejidal.