Madrid, 27 de enero.

El gobierno de la comuniudad de Madrid, encabezado por el conservador Ignacio Gonzalez decidió dejar sin efecto el proceso de privatización de los seis hospitales públicos de la capital española, en lo que representa un triunfo histórico para las movilizaciones sociales congregadas en torno a la llamada marea blanca, formada por profesionales sanitarios, pacientes, familiares de enfermos y personas preocupadas por las políticas neoliberales que están recortando en los derechos más básicos.

El proyecto del conservador Partido Popular (PP) en materia de sanidad pública tiene su punta de lanza en la comunidad de Madrid, una región que inició hace poco más de un lustro un proyecto privatizador de los servicios sanitarios, que los responsables públicos definieron externalización de la gestión. Es decir, la concesión a empresas privadas del servicio que se ofrecía tanto médico como administrativo en los hospitales construidos con dinero público y que, por tanto, pertenecen al Estado. Lo que primero fueron concesiones pequeñas o medianas, en poco tiempo se anunció, en boca de la entonces presidenta de la región, Esperanza Aguirre, un megaproyecto privatizador que pretendía borrar a los trabajadores públicos de seis hospitales: Infanta Leonor, Infanta Sofía. Infanta Cristina, Hospital de Henares, Tajo y Sureste.

Cuando se anunció este proyecto, que coincidió en el tiempo con la puesta en marcha de severísimos recortes de la financiación de los servicios sanitarios públicos, decenas de miles de personas salieron a las calles de forma cotidiana para exigir un viraje. Desde el gobierno regional, sobre todo a través de su consejero, Javier Fernández-Lasquetty -que presentó hoy su dimisión- se les llamó irresponsables, demagogos, sindicalistas inconscientes y pancarteros, a pesar de que los destinatarios de estos ataques eran los profesionales de la medicina mejor preparados y con mayor prestigio del país.

Tras numerosas reuniones infructuosas entre gobierno y opositores a la privatización, éstos presentaron, con apoyo de varios partidos políticos, una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La justicia les dio la razón en todos sus argumentos, incluido el último fallo que precipitó tanto la retirada definitiva del proyecto como la dimisión fulminante del consejero. El tribunal madrileño decidió rechazar el recurso presentado por el equipo jurídico de la comunidad de Madrid y mantener la suspensión cautelar de la privatización, con lo que al gobierno regional no le quedo otro camino que retirar el plan contra la sanidad pública y apartar al consejero de sus funciones.

“He decidido dejar el cargo de consejero porque yo fui quien propuse este proyecto, lo puse en marcha y las circunstancias lo han hecho imposible. dijo un cariacontecido Lasquetty, quien añadió que se marcha por rectitud y sentido de la responsabilidad.

Desde la marea blanca, una de sus voceras, Fátima Braña, advirtió que se tiene que ir el conjunto de la administración madrileña, ya que un gobernante que ha demostrado trabajar contra la sanidad pública no puede seguir. Agradeció el fallo de los tribunales, que supone un poco de coherencia, por fin se dan cuenta de que la democracia es nuestra, de que los ciudadanos les vamos a pedir responsabilidades, de que no van a tener tan fácil hacer lo que quieran hacer con nosotros. Y porque son una amenaza para la sanidad pública nosotros seguiremos vigilantes y trabajando para la mejora de la sanidad de todos y todas, afirmó.