Zacatecas, Zac., 26 de enero.

Siete campesinos del ejido San Tiburcio resultaron heridos durante un desalojo realizado por policías estatales que acudieron el mediodía de este domingo al municipio de Mazapil para liberar el predio donde se ubica la nueva mina de oro a tajo abierto Camino Rojo, propiedad de la canadiense Goldcorp, que opera la mina Peñasquito, a 50 kilómetros.

José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y Felipe Pinedo Hernández, líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, aseguraron que la situación es muy tensa porque los campesinos se están reagrupando y volverán a intentar parar las operaciones del complejo minero, a pesar de que ya están ahí los policías antimotines.

Desde la tarde del sábado –informaron ambos dirigentes por separado– más de 300 ejidatarios de San Tiburcio se plantaron en las inmediaciones de la mina Camino Rojo, a un costado de la autopista Zacatecas-Saltillo, en la comunidad El Berrendo.

Los ejidatarios de San Tiburcio actuaron 24 horas después de que 38 familias de campesinos del ejido Las Mesas, quienes bloqueaban el acceso principal a la mina Peñasquito, fueron desalojados por los policías estatales que este domingo fueron enviados a Camino Rojo.

Ambos grupos de labriegos exigen a Goldcorp renegociar los contratos por los cuales cedieron sus predios en renta o venta para operaciones mineras.

En el caso de la mina Camino Rojo, informó Pinedo Hernández, el 16 febrero de 2013 los campesinos del ejido San Tiburcio firmaron un contrato con Goldcorp para venderle mil 700 hectáreas a 74 millones de pesos, cantidad que se repartiría entre 366 ejidatarios. Así, 17 millones de metros cuadrados del semidesierto norte de Zacatecas, cuyo subsuelo es rico en oro, plata y zinc, fueron adquiridos por la minera canadiense a sólo 4.35 pesos por metro cuadrado, según el contrato.

En el caso de Peñasquito, los ejidatarios de Las Mesas reclaman la revisión de un contrato similar, por el cual rentaron sus tierras durante 30 años (también a Goldcorp) a un peso el metro cuadrado.

Narro Céspedes lamentó que el gobierno de Zacatecas haya asumido “una postura de entrega y sumisión ante los capitales extranjeros. En lugar de defender los intereses de los campesinos, el gobierno manda a sus policías, que se han convertido en los modernos guardias blancas de los saqueadores”.

Para abusar alevosamente de los campesinos con estos contratos leoninos, dijo Narro Céspedes, Goldcorp compró, como hace con líderes agrarios, a Cesar García Sánchez, comisario ejidal de San Tiburcio.

Narro Céspedes lamentó que el gobierno federal y la Procuraduría Agraria no defiendan los intereses de los ejidatarios de Zacatecas para que se firmen contratos justos con las mineras transnacionales. Recordó el caso de Aquila, Michoacán, donde ejidatarios negociaron con mineras que explotan hierro y pagan a los campesinos organizados y bien asesorados 100 millones de pesos anuales.

La obligación inicial del gobernador (de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes) es defender a los campesinos y el interés de Zacatecas, porque estas mineras llegaron a la entidad con una actitud de atropello y saqueo, añadió.

¿Cómo es posible que el gobierno permita esto? En Michoacán se logra que las mineras paguen 100 millones de pesos a un ejido de Aquila, por renta anual de minas de hierro, y aquí en Zacatecas son minas de oro y de plata y son compraventas absurdas.