La comunidad internacional criticó la ejecución en Texas del mexicano Édgar Tamayo, de 46 años, declarado culpable de asesinar a un policía estadunidense en 1994 y que tras 20 años de reclusión recibió el miércoles una inyección letal y cuyo cuerpo será repatriado a Micatlán, Morelos, comunidad de la que es originario.

El gobierno federal estadunidense reiteró este jueves su oposición a la decisión del estado Texas, al destacar la importancia crítica de que el país respete sus obligaciones ante la Corte Internacional de Justicia, que en un fallo de 2004 ordenó a las autoridades de ese país revisar los procesos del llamado Caso Avena, que aglutina los expedientes de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, incluido Tamayo, a los que no se les respetó el derecho a la asistencia consular.

Las autoridades de aquella nación expresaron además su esperanza de que el episodio no cause daños a las relaciones bilaterales con México.

El Departamento de Estado lamenta la decisión de Texas de proceder con la ejecución del señor Tamayo sin revisión ni reconsideración del caso, pero mantiene su compromiso de trabajar para cumplir con nuestras obligaciones internacionales, expresó un comunicado.

Más tarde, en conferencia, la vocero adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf, admitió que esta ejecución enviaba un mensaje negativo sobre el compromiso estadunidense de cumplir acuerdos internacionales, como la Convención de Viena.

En tanto, la Unión Europea lamentó profundamente la ejecución del mexicano y consideró que Washington violó la legislación internacional al impedirle contactar con el consulado de su país.

En un comunicado la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, criticó la aplicación de la pena de muerte a Tamayo, la cual es cruel, inhumana e irreversible, y su abolición es esencial para proteger la dignidad humana.

Desde Ginebra, el vocero del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, lamentó profundamente que el gobierno de Texas haya procedido a la ejecución a pesar de las solicitudes y presiones diplomáticas por parte del gobierno mexicano y del Departamento de Estado de Estados Unidos para detenerla.

A esas críticas también se unió el gobierno francés. Francia condena la ejecución del ciudadano mexicano, dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de ese país europeo, Romain Nadal. Francia recuerda su decidida y constante oposición a la aplicación de la pena de muerte en todo el mundo. Es una posición que defendemos con todos nuestros socios de la Unión Europea ante todos los Estados del mundo.

Maureen Meyer, de la organización no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA), señaló el Congreso estadunidense debería legislar. La única forma federal es aprobar un mandato para acatar los acuerdos internacionales a nivel estatal, pero en el contexto actual, en que (el Congreso) ni siquiera puede pasar legislación para gobernar el país, lo veo muy complicado.