El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el acatamiento de la sentencia de muerte al mexicano Édgar Tamayo sienta un mal precedente. Censuró esa medida llevada a cabo el pasado miércoles por las autoridades de Texas, Estados Unidos, porque no se respetó al inculpado el derecho a un debido proceso ni el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2004, conocido como Caso Avena.

La ejecución de Tamayo, declarado culpable de asesinar a un policía estadunidense en 1994 y quien recibió una inyección letal luego de 20 años de prisión, despertó las más agrias críticas a la política de la pena de muerte aplicada en el vecino país del norte: el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, dijo que esa condena significa una derrota para los derechos humanos y para el sistema internacional de justicia; Amnistía Internacional (AI) lamentó que en este caso no se haya respetado el derecho a un juicio justo, y algunos políticos mexicanos criticaron la medida.

En medio de su gira de trabajo por Davos para participar en la sesión anual del Foro Económico Mundial, Peña Nieto ofreció breves declaraciones sobre la muerte por inyección letal del migrante oriundo de Morelos. Indicó que la cancillería mexicana fijó una muy clara posición de respaldo diplomático y de lamentar que no se respetó el debido proceso en el juicio a Tamayo.

Censuró a las autoridades texanas y al mismo tiempo reconoció que el gobierno de Barack Obama también apoyó y se solidarizó con ese tema.

Para Villanueva Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ejecución también demuestra el doble rasero que aplica la justicia de Estados Unidos con los mexicanos y los pobres. En el contexto de una visita a Michoacán, donde se reunirá con líderes de grupos de autodefensa, el ombudsman nacional lamentó que un país que se precia de defender el estado de derecho le dé al mundo una lección de barbarie y de cómo hay un doble discurso en donde se ejecuta a un mexicano violando la legislación internacional y las reglas elementales de su debido proceso.

Enfatizó que Washington hizo caso omiso de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que ordenaba restablecer las garantías del acusado.

El miércoles por la noche, AI afirmó que la ejecución de Tamayo es un asesinato sin justificación alguna. El organismo invitó a firmar en www.alzatuvoz.org/altomuerte, una petición al presidente de Estados Unidos en la que se solicita eliminar de manera definitiva la pena de muerte y lo insta a firmar el segundo protocolo facultativo al pacto internacional de derechos civiles y políticos, destinado a abolir la pena de muerte y a que utilice cuanto recurso tenga a su disposición para detener las ejecuciones ya programadas.

La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado advirtió que la debilidad de la administración de Peña Nieto frente a Estados Unidos impidió una cabal defensa del migrante mexicano. La senadora Dolores Padierna advirtió que el gobierno mexicano está obligado a defender a los connacionales que residen en aquel país, a adoptar una postura firme y hacer valer las leyes internacionales, pero no lo hizo y permitió que de nueva cuenta se aplicara la pena de muerte en Texas.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la priísta Miriam Cárdenas Cantú, consideró que hoy está en duda la responsabilidad de Tamayo como culpable del delito que se le imputó, porque no se respetó el debido proceso.

La dirigencia nacional del PRD dijo que la ejecución representa un acto de horror inhumano equiparable con las penas que se aplican a los ciudadanos de aquellas naciones calificadas como totalitarias y antidemocráticas por Washington.