En relación con el caso de nacional mexicano Édgar Tamayo Arias, preso y sentenciado a pena capital en el estado de Texas, el gobierno de México reiteró su firme rechazo a la ejecución del connacional, programada para el 22 de enero próximo.

En un comunicado, la cancillería expresa que en 2004 la Corte Internacional de Justicia, en una sentencia conocida como fallo Avena, resolvió que Estados Unidos está obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos –incluido Édgar Tamayo Arias– que fueron condenados a la pena capital sin haber sido notificados de su derecho a recibir asistencia y protección de las autoridades consulares mexicanas, como dispone el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Un caso más, el tercero

De tener lugar la ejecución de Édgar Tamayo sin que su proceso penal sea revisado y la sentencia reconsiderada –de conformidad con lo que ordena la Corte Internacional de Justicia–, este caso sería el tercero de un mexicano que es parte del fallo Avena.

También constituiría una clara violación de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales, previstas en la Convención de Viena, cuya observancia es fundamental para garantizar el derecho de toda persona al debido proceso, incluidos los nacionales de Estados Unidos mientras se encuentren de viaje o residan en el extranjero.

México valora los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para asegurar que Texas acate el fallo Avena, así como el repetido reconocimiento de su obligación internacional en el transcurso de años recientes y los esfuerzos realizados junto con algunos legisladores federales para buscar la aprobación de una iniciativa de ley que asegure el cumplimiento de esta obligación internacional en todos los estados, legislación que desafortunadamente continúa sin concretarse.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirma en el comunicado que, en coordinación con los abogados de Tamayo, ha hecho uso de todos los recursos políticos, legales y administrativos disponibles para evitar la ejecución.

Entre las acciones legales emprendidas más recientes están la presentación de un recurso judicial fundado en las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que desde el 18 de enero de 2012 había pronunciado medidas cautelares ordenando que se suspendiera la ejecución.

De igual manera, el pasado 14 de enero se presentó una demanda federal en la ciudad de Austin, Texas, en la que se solicita que el gobernador y la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas se abstengan proceder con la ejecución hasta que se establezca un procedimiento adecuado y transparente.