La violencia en el país, y particularmente en Michoacán, confrontó a los partidos en el Congreso de la Unión, pero también mostró la fractura que persiste en Acción Nacional, en su disputa por la dirigencia nacional.

Mientras el coordinador de los senadores, Jorge Luis Preciado, anunció que presentará una iniciativa para la desaparición de poderes en la entidad y el nombramiento de un gobernador interino, el coordinador de los diputados panistas, Luis Villarreal, afirmó que no es esa la solución para el estado.

En el contexto de la segunda sesión de la Comisión Permanente, el PAN presentó un punto de acuerdo –calificado de vergonzoso por el PRD– para que la cancillería contacte a las autoridades de Estados Unidos y solicite agilizar la solicitud de asilo político para Carlos Gutiérrez, mutilado por la delincuencia organizada de Chihuahua.

La solicitud, presentada por Luisa María Calderón, generó las críticas de senadores y diputados de PRI y PRD, con el argumento de que el caso del ex empresario de Chihuahua es resultado de la política de guerra aprobada por el hermano de la senadora, Felipe Calderón, en el sexenio pasado.

Como Carlos Gutiérrez, cientos fueron víctimas de los peores delitos inhumanos y sangrientos, así como de la corrupción, negligencia y opacidad institucional. Son ciudadanos que perdieron su patrimonio, su techo, las piernas y hasta la vida, se refiere en el punto de acuerdo.

En la tribuna del salón verde de la Cámara de Diputados, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano (PRI), sostuvo que la petición llena de oprobio al país, porque muestra la incapacidad que en su momento tuvo el Estado para cumplir cabalmente con su función de velar por la vida e integridad y el patrimonio de los mexicanos.

Mientras, el senador Zoé Robledo (PRD) destacó que el caso de Carlos Gutiérrez es ejemplo de la insensata guerra contra el crimen organizado. Miles de mexicanos, dijo, abandonaron su residencia por miedo a la violencia.

Son personas que dejaron su casa, ciudad, amigos, familiares y pertenencias, porque el Estado mexicano no pudo cumplir con su principal tarea, la de proteger la vida de sus ciudadanos. Esos son los desplazados. ¿Cuántos hay en México? No lo sabemos, porque no lo reconocemos. Son los grandes invisibles del gobierno de Felipe Calderón, expresó.

Mientras, Preciado sostuvo que en Michoacán persisten condiciones graves de inseguridad y consideró que el remedio es la renuncia de Fausto Vallejo.

Refirió que su partido en el Senado presentará una iniciativa para declarar la desaparición de poderes y que el Congreso de la Unión designe una junta de gobierno que después convoque a elecciones, e incluso sugirió regular las autodefensas en Michoacán.

En contraste, Villarreal afirmó que Michoacán requiere soluciones de Estado y planteó que si el PRI ganó la elección en el estado, no creo que el candidato (Silvano Aureoles) o la candidata (Luisa María Calderón) que perdieron sustituyan al gobernador electo.

Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, dijo que si bien en Michoacán se ha perdido la paz, no hay condiciones para la desaparición de poderes.