ntre quienes se oponían a la reforma energética, pocos imaginamos hasta qué punto los grupos dirigentes del PRI y el PAN estaban dispuestos a desarticular la Constitución sin tener en mente una opción alternativa bien diseñada. Pero al cumplirse la amenaza de modificar los artículos 27 y 28, entre otros, probaron que ese, justamente, era el mensaje que deseaban enviar a los grandes intereses, los cuales, satisfechos, al instante se congratularon por la valentía presidencial de ir por todo. Ese era el paso más difícil y lo dieron sin cuidarse de las formas, con el riesgo de crear un galimatías disruptor cuyas secuelas se dejarán sentir y pronto en el funcionamiento del sistema político. Ganaron la partida: atrás, dicho por los vencedores, quedaban mitos, tabúes, un modo de ser y entender la relación del Estado y la sociedad, una idea acerca de la propiedad y la nación. Nada es casual: el gobierno prefirió eludir el debate sustantivo para reducirlo a los falsos dilemas de la mercadotecnia, con cuyos eslóganes nos aturden hasta ahora mientras esterilizaba las críticas mejor fundadas. Y es que gracias a las reformas constitucionales aprobadas, el gobierno obtuvo la patente de corso que le permitirá desplegar el gran negocio, aunque éste rompa las últimas costuras del régimen político sin perfilar un recambio institucional consecuente. Claro que faltan muchas cosas qué precisar. La aprobación de la ley, como bien subraya el ministro Cossío, no implica por sí misma la transformación de la realidad. Falta todo lo demás: concretarla en disposiciones jurídicas concretas, determinar las nuevas reglas del juego que, en definitiva, regirán en medio de los usos y costumbres establecidos, las relaciones entre todas las partes en el horizonte global.

En muchos sentidos, la reforma más modernizante, según sus promotores, nos retrotraerá, bajo luces insospechadas, a situaciones ya vividas antes de la expropiación petrolera y la nacionalización de la electricidad, cuando el presidente López Mateos adquirió las últimas compañías extrajeras que por razones de mercado se olvidaron de la electrificación rural y la expansión de las redes urbanas populares, pero todo ocurrirá en un contexto social y político muy diferente, en el cual la necesidad de integrar a la nación como propósito del Estado republicano ha cedido a la urgencia de integrar la economía a los intereses globales dominantes. (Según el secretario del Trabajo, sindicatos como el Suterm tendrán que desandar el costoso camino que los acercó a la unidad sindical tras el 27 de septiembre de 1960, para ajustarse a la privatización). Las opciones penden de las leyes secundarias, pero algunas requerirán de nuevos cambios constitucionales que sólo podrán lograrse con un cambio de fondo en la correlación de fuerzas dentro y fuera del Congreso, asunto que desde luego debería ser el centro de las reflexiones de un amplio abanico de fuerzas que están insatisfechas con el curso de los acontecimientos. Incluso, entre los promotores intelectuales de las reformas de gran calado se advierte cierta cautela cuando, entre sorprendidos y cínicos, se preguntan si no será que los cambios llegan demasiado tarde para que los beneficios se sientan; que si las privatizaciones tienen una historia infernal, que si la letra chiquita es el escondite de la corrupción. Nos tocará asistir al espectáculo de la voracidad legalizada, un ejemplo de la cual la dio al tiro el ex presidente Fox, pronto para ganar millones con la mariguana y el petróleo, pero también se anuncian problemas de gran envergadura como los que ha señalado el constitucionalista Diego Valadés, al mostrar cómo la reforma debilita al Congreso frente al Presidente cuyas facultades aumentan al convertir a Pemex y CFE en empresas productivas del Estado. De no reformarse el texto constitucional aprobado al vapor, señala Valadés, el país quedará expuesto, como antes de la nacionalización, a un excesivo poder de las petroleras en perjuicio de las instituciones. Evitarlo no depende de la reciedumbre de una persona, sino de la fortaleza de un sistema. La reforma energética obligará a una profunda reforma democrática (Reforma).

De nueva cuenta, el economicismo oculto bajo la promoción de las reformas debería analizarse a la luz de la discusión angular que sigue pendiente: qué Estado y qué régimen político debemos y podemos construir para superar la crisis institucional que se ha convertido en lastre para el desarrrollo del país. Me congratulo de que al volver a sus tareas, el senador Miguel Barbosa haya planteado la necesidad de moverse a la izquierda para rencontrase en el camino con otras fuerzas y movimientos sociales, teniendo la vista puesta en la unidad de las izquierdas, sobre todo en aquellos puntos donde hay acuerdo para avanzar. Hacer política, si embargo, exige ir a la raíz de los problemas. Y, en ese sentido, junto a la voluntad de cambio nos hace falta una reflexión autocrítica sobre qué queremos y, aunque parezca una obviedad, definir no sólo cómo sino para quién…