El anuncio presidencial de una profunda reforma al campo causó posturas encontradas entre agrupaciones campesinas. En tanto, el senador perredista Alejandro Encinas consideró que esa declaración del titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, lo que se busca es poder expropiar ejidos y comunidades sin tener que demostrar la causa de utilidad pública y así entregar a empresarios la riqueza territorial del país.

Integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) demandaron que los cambios se sujeten a consulta entre todos los organismos rurales y antes se firme un pacto rural.

Para el Congreso Agrario Permanente (CAP) es la apertura a un diálogo. Max Correa Hernández, coordinador del CAP, dijo que al concluir el acto conmemorativo de la primera Ley Agraria, en Veracruz, Peña Nieto le aseguró que la reforma del campo será producto del diálogo y de acuerdos con las organizaciones rurales, y prometió sostener un encuentro en los próximo días con los dirigentes de las nueve agrupaciones del CAP. Confiamos en que los cambios serán para favorecer a los campesinos; nosotros no avalaremos una reforma a ciegas ni entregaremos un cheque en blanco.

José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) e integrante del consejo político del Conoc, expuso que al campo no sólo se debe ver como productor de alimentos, sino considerar todos los beneficios ambientales que genera. Los campesinos, advirtió, estarán alerta para evitar el despojo y privatización de los recursos naturales y evitar que desaparezcan las reservas.El desarrollo debe ser benéfico para toda la población, por lo que debe dejarse de transferir el mayor monto de recursos de los programas a los grandes agricultores.

Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), dijo que los cambios deben estar orientados a terminar con la concentración de los recursos en unos cuantos productores y comercializadores. Este año, ejemplificó, las grandes comercializadoras recibirán 3 mil millones de pesos y un grupo de ganaderos 7 mil millones de pesos del presupuesto, mientras que en el sur sureste 80 por ciento de la población rural está en pobreza.

Raúl Pérez Bedolla, secretario de Organización de la Alianza Campesina del Noroeste, dijo que el Ejecutivo debe dar a conocer las reglas de diálogo para dicha reforma, la cual debe estar enfocada a una lógica de producción, de mercado y de apoyos a los productos estratégicos. Bedolla y Luis Gómez Garay, dirigente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, apuntaron que el campo requiere de la firma de un nuevo Pacto Rural entre el Estado y los agricultores, sobre todo con los productores de granos básicos.

Para el senador Encinas, la modificación legislativa es para entregar a las mineras, a quienes quieren explotar el gas shale, a los desarrolladores turísticos y a los especuladores inmobiliarios las riquezas que implican los ejidos y comunidades.

Advirtió que hay una coalición conservadora que pretende avasallar al país, como parte de tal situación y resultado de la reforma energética, previa embestida en contra de los trabajadores petroleros y electricistas.