La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un par de iniciativas para adelantar las reglas de operación del gasto público federalizado, con la finalidad de que se aplique antes de julio del año siguiente.

Se pretende evitar que la administración federal retrase la aplicación de recursos en los programas públicos, y con ello afecte los procesos económicos relacionados con los servicios que se prestan a la sociedad.

El presidente de la comisión, José Luis Muñoz Soria, también presentó un proyecto de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con el propósito de que la revisión de la cuenta pública concluya a más tardar el 31 de octubre del año siguiente a su presentación. Este cambio en la norma no suspendería los trámites relativos a las acciones legales y administrativas que promueva la ASF, por lo que seguirán su cauce previsto en la ley.

En la primera iniciativa, la fecha límite de publicación en el Diario Oficial de la Federación el Programa para la Fiscalización del gasto Federalizado (Profis) sería el último día de enero.

A más tardar el 15 de julio del año de aplicación del presupuesto se debe informar a la Comisión de Vigilancia sobre el cumplimiento de los objetivos del programa, con el propósito de que cuente con elementos para evaluar la aplicación del gasto e informe al respecto a la ASF, para que ésta tome las previsiones durante el resto del curso presupuestal.

La Comisión de Vigilancia remitiría entonces a la Comisión de Presupuesto la información relevante obtenida del Profis, para que se le considere durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos del siguiente ejercicio fiscal.

El diputado perredista también sometió a consideración de la Permanente la reforma a la Ley de Fiscalización para que la Comisión de Presupuesto estudie el informe sobre recursos contenido en la Cuenta Pública y sus conclusiones se sometan a votación del pleno a más tardar el 31 de octubre del año siguiente a la presentación de la cuenta pública.