n análisis de la Comisión Eco-nómica para América Latina y el Caribe (Cepal) difundido en días recientes coloca a México como una excepción a nivel regional en cuanto a su política de salario mínimo, la cual en nuestro país es manejada de manera restrictiva para controlar la inflación y favorecer las exportaciones a Estados Unidos. De acuerdo con el organismo, en 2011 el sueldo mínimo en México ascendía a 147 dólares por mes, equivalentes entonces a la mitad de los 300 que se pagaban en Uruguay, a menos de la tercera parte de los 475 en Argentina y a menos de la mitad de los 372 en Chile; asimismo, el minisalario en México era también superado por los que se pagan en Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

Significativamente, la difusión del reporte coincidió en el tiempo con el anuncio de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos –integrada por representantes patronales, por emisarios del gobierno federal y por dirigentes de las organizaciones sindicales priístas– aprobó un incremento de poco más de dos pesos en ese indicador para 2014.

La circunstancia descrita por la Cepal es uno de los factores que explican la continuidad de los rezagos sociales que arrastra el país desde hace más de dos décadas –periodo durante el cual se ha mantenido sin cambios el porcentaje de la población en situación de pobreza patrimonial, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social–, pero también el estancamiento económico experimentado durante ese lapso. En efecto, la pérdida sostenida de poder adquisitivo de los salarios en el país, principalmente por la persistencia en políticas de contención salarial, demandadas por las cúpulas patronales y aplicadas por los diversos gobiernos del ciclo neoliberal, ha sido nociva incluso para las empresas privadas, impedidas para crecer y obtener mayores dividendos en un mercado interno deprimido y sin perspectivas de reactivación en el horizonte.

En la lógica tecnocrática aún imperante en el grupo que detenta el poder, el control de los salarios es justificado –como apunta la Cepal– como medida necesaria para mantener a raya la inflación y evitar que la economía nacional pierda competitividad. Sin embargo, las mismas autoridades que insisten en ese argumento no han tenido empacho en promover y aprobar medidas como el alza de las gasolinas, el retiro del subsidio a la electricidad, el incremento de las importaciones, el desmantelamiento de los mecanismos de control de precios y otras decisiones de política pública que tienen gran potencial inflacionario.

Se ha dicho hasta el cansancio que ninguna estrategia de crecimiento económico puede funcionar si no se corrigen las terribles distorsiones que dan origen a la tendencia recesiva estructural de la economía nacional. Para ello se requiere, a su vez, de un cambio de rumbo radical en la conducción económica, la cual, desde hace cinco lustros, se orienta a satisfacer los intereses del capital y no las necesidades de las mayorías.

En tanto esa situación no cambie, nuestro país seguirá siendo una excepción vergonzante en el escenario internacional.