Colima, Col., 20 de diciembre.

Agentes armados de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) irrumpieron en la oficina de la magistrada Rocío López Llerenas Zamora, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), de donde se llevaron documentación y una computadora que, según ella, contenía el trabajo jurídico y los proyectos en los que laboraba.

En un comunicado, el STJE explicó que la acción fue consecuencia de que el pleno del organismo despidió a Romualdo García Mejía, secretario de acuerdos y proyectista de López Llerenas, “por pruebas que acreditan su falta de probidad.

López Llerenas incurrió en falta de sentido de colaboración para la ejecución del acuerdo de pleno y sus consecuencias, (y) obstruyó físicamente el ingreso del personal a la oficina del servidor público, refiere el comunicado.

El secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, expresó que el Poder Judicial solicitó la intervención del Poder Ejecutivo, mediante agentes de la PGJE, pues se señalaba la posible comisión de algún delito con la retención de materiales propiedad del Poder Judicial, y se pedía que los entregaran.

La noche del jueves, minutos después de terminada la sesión, agentes encabezados por Gustavo Joyas Cervera, subdirector general de averiguaciones previas de la PGJE, llegaron a la sede del STJE y no permitieron la entrada ni salida de nadie.

La magistrada alegó la inviolabilidad del edificio y le informó a Joyas Cervera que era su superior jerárquico. Después de forcejear con los agentes, sufrió crisis nerviosa, por lo que fue trasladada a un hospital privado.

Sus colegas Bernardo Santana y Miguel García indicaron a Joyas Cervera que él sabía que no podía haber elementos armados en estas instalaciones y le exigieron retirarlos; sin embargo, el mando argumentó que fue una orden del procurador Marcos Santana, aunque no mostró ninguna orden de cateo y ordenó a un cerrajero abrieron la oficina para que los agentes ingresaran y se llevaran la computadora y documentación.

Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, llegó al lugar cuando los agentes se retiraban. “No respetaron la inviolabilidad del recinto del Poder Judicial ni la investidura de la magistrada ni su fuero establecidos en la Constitución (…), si eso le hacen a una magistrada ¿qué no le harán a otro ciudadano?”, señaló.

Escándalos de García Rincón

No es la primera vez que el presidente del STJE, Rafael García Rincón, quien habría solicitado la intervención de la PGJE contra la magistrada, está involucrado en un escándalo.

García Rincón es compadre del gobernador Mario Anguiano, fue agente del Ministerio Público de Armería hasta 1998 cuando fue nombrado magistrado del STJE en la sala especializada en impartición de justicia para adolescentes.

Antes, siendo subdelegado de la Procuraduría Agraria en el estado, fue encarcelado en el penal estatal por violación de un amparo en un conflicto de tierras en Callejones, municipio de Tecomán, pero fue liberado días después.

En 2012, en una carta pública, la magistrada López Llerenas denunció manejos irregulares por más de 10 millones de pesos en la adquisición de computadoras, contratación de cursos de capacitación y compra de un vehículo de lujo para el presidente del STJE.

Asimismo, acusó a García Rincón de contratar a un hipnotizador con el propósito de someter a su voluntad a los magistrados del organismo que se oponen a la designación de jueces y secretarios actuarios afines a él.

PAN y PRD condenan hechos

Juan Óscar Vázquez Chávez, presidente estatal del PRD, lamentó que el gobernador no respete los poderes del estado. El Ejecutivo colimense está obligado a explicar las razones por las que personal a su cargo, de la procuraduría, irrumpió de esa manera en las oficinas del Poder Judicial, violentando la ley.

El diputado perredista, Francisco Rodríguez, expresó que García Rincón amerita juicio político y su destitución, porque ya son muchos actos de corrupción que han sido denunciados por los propios magistrados y esto no puede seguir así.

El presidente estatal del PAN, Salvador Fuentes, coincidió en exigir la renuncia del procurador Santana. “Parece que en Colima impera la ley de la selva, donde se impone el más fuerte y no respeten las garantías individuales (…) es un acto aberrante”.