En víspera de que se cumplan ocho años de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, en la que murieron 65 trabajadores, la deudos, integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos, del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, confiaron en que ante el avance que presenta el peritaje que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar la viabilidad para poder entrar en la mina forma de entrar la mina, y que puedan finalmente ser rescatados los 63 cuerpos que permanecen sepultados desde el 19 de febrero de 2006.

Durante la misa que cada mes realizan frente a las instalaciones de Grupo México, el sacerdote jesuita Fernando Ríos indicó que todo parece indicar que está próximo el rescate, tenemos esperanzas de que finalmente se resuelva. Todos esperamos que se haga el rescate en los próximos meses; ahí están puestas las esperanzas, pese a política dilatoria que tiene el gobierno mexicano. Hasta que sea un hecho podremos celebrar el acceso a la justicia.

En un mensaje con motivo de haberse cumplido 94 meses de la explosión que ocasionó la tragedia, las agrupaciones referidas indicaron: Hacemos votos para que el proceso iniciado en relación con el peritaje posibilite la recuperación de los restos de nuestros 63 hermanos mineros caídos en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006 y con ello se dé fin al sufrimiento que en estos casi ocho años hemos padecido, además de que pueda sentar las bases para que la explotación minera en la región carbonífera de Coahuila sea una esperanza de vida para nuestras familias y la de todas las familias mineras del país.

Llaman a tener esperanza ante el infortunio

Al concluir la misa, los participantes realizaron una posada con piñata para celebrar que debemos tener mucha esperanza ante esta situación de infortunio que vivimos en el país y en la que la gente tiene que seguir ejerciendo resistencia ante el despojo que experimentamos, señaló Ríos al hacer referencia a las reformas energética, hacendaria, educativa y laboral.

Los asistentes también hicieron una reflexión sobre la política privatizadora y represora; esto ha provocado que la sociedad esté sin ser escuchada. La poca gente que se expresa en marchas o mítines es reprimida. Encontramos una amenaza muy fuerte del gobierno para evitar la participación ciudadana y esto seguirá afectando a los grupos más vulnerables, que sufrirán los mayores efectos de las reformas estructurales.