La Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante jueces federales, entre octubre de 2012 y septiembre pasado, al menos 20 averiguaciones previas en las que se imputa diversos delitos a militares de varios rangos, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

El problema es que 90 por ciento de esos expedientes penales (18 casos) fueron rechazados por los jueces federales debido a que las imputaciones ya formaban parte de antiguos procesos que se desahogan ante instancias castrenses, añadieron las fuentes consultadas.

En la mayoría de los casos los jueces federales libraron las órdenes de aprehensión solicitadas por la PGR, pero cuando éstas se daban por cumplidas, y los militares (actualmente presos en cárceles castrenses) comparecían ante los juzgados federales, los juzgadores optaron por librar autos de libertad para evitar incurrir en una doble incriminación en perjuicio de los imputados.

De acuerdo con la información recabada en los juzgados de distrito, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció (en agosto de 2012) que la justicia federal debía asumir los procesos contra militares que afectaran derechos de civiles, la PGR temió que las dependencias del Supremo Tribunal Militar dejaran libres a muchos de los procesados y por ello consignó muchos asuntos que ya estaban en proceso en el fuero castrense.

Tan sólo en el Distrito Federal diez de los 18 juzgados de procesos penales federales que han abierto en lo que va de 2013 juicios contra militares acusados de diversos delitos por los que ya estaban siendo procesados en instancias castrenses.

El caso más reciente es el del teniente de infantería Mario Ancheyta Cruz, quien actualmente enfrenta un proceso ante un juez militar por su presunta responsabilidad en la desaparición de José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional efectuado en 2008 en Chihuahua.

La semana pasada el juzgado décimo séptimo de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Norte emitió auto de libertad a favor de Ancheyta bajo el argumento de que la acusación que hizo en su contra la PGR forma parte de la misma imputación que le hizo la Procuraduría de Justicia Militar años atrás.

La Constitución mexicana prohíbe lo que en el argot jurídico se denomina doble incriminación, es decir, que nadie puede enfrentar procesos en dos juzgados diferentes por la misma imputación.

En el caso de Ancheyta, la titular del juzgado antes mencionado, Isabel Porras, resolvió que abrir un nuevo proceso al imputado implicaría violar el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos (non bis in ídem).

En agosto de 2012, el entonces procurador de Justicia Militar, el general de brigada Jesús Gabriel López Benítez informó en entrevista que la decisión de la SCJN sobre el fuero militar no afectaría las operaciones anticrimen del Ejército.