oincido con Adolfo Gilly en su apreciación de que las reformas recientes a los artículos 25, 27 y 28 significan la destrucción de la Constitución de 1917 y la transición a un México sin ley, un vuelco de dimensiones históricas y un golpe de mano ( La Jornada, 13 de diciembre de 2013). De hecho, el único artículo fundamental de esa Carta Magna que aún queda sin modificaciones dictadas por las corporaciones trasnacionales y el gobierno de Estados Unidos es el 39, que a la letra asienta, y hay que reiterarlo: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Claro que el artículo 39 mantiene una secuencia con los artículos 40 y 41 constitucionales. En el primero se establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república federal, representativa, democrática y laica; mientras que en el segundo, la soberanía nacional-popular es restringida en su ejercicio por los poderes de la Unión y de los estados, cuyo acceso a los ciudadanos, en sus ramas ejecutivas y legislativas, en los hechos, es posible exclusivamente a través de los partidos políticos, que de esta manera detentan el monopolio de la representación popular y, por ende, nada menos que el monopolio de la soberanía nacional.

Pero, ¿qué sucede –como es el caso– si el poder público ya no dimana o procede del pueblo ni lo beneficia en modo alguno porque se ha ido conformado una élite política parásita, cínica y corrupta que, a contrasentido, opta por renunciar a la rectoría económica del país y entregar a potencias extranjeras y grupos privados la soberanía nacional sobre territorios, playas, recursos naturales y estratégicos? ¿Qué ocurre si la República deja de ser cosa pública y se trasforma en una oficina otorgante de contratos, licencias y concesiones? ¿Qué pasa si un grupo de oligarcas apátridas decide, como política de Estado, lo que más conviene a su beneficio y al de sus patrones, y con ello da al traste con cualquier tipo de representatividad democrática? Esto es, si las contrarreformas neoliberales rompen con el pacto social de la Constitución de 1917 y convierten a los poderes constituidos en autoridades de traición nacional, ¿cómo puede el pueblo alterar o modificar la forma de gobierno?

Para Cuauhtémoc Cárdenas la respuesta a este interrogante, en lo que se refiere a la llamada reforma energética, está en la consulta vinculante que respalda, con innumerables candados, el artículo 35 de la misma Constitución, que podría llevarse a cabo en julio de 2015 (La Jornada, 14 de diciembre de 2013); esto, siempre y cuando la correlación de fuerzas sociales y políticas se imponga sobre los aparatos legislativos, electorales y judiciales que intervendrían en dicha consulta, controlados actualmente por la mafia neoliberal. Resultaría un ejercicio estéril llevar a cabo una consulta regulada, sancionada y monitoreada precisamente por los mismos actores que participaron en el golpe contra México. En todo caso, la emergencia nacional no puede ser enfrentada sólo en el marco de un formalismo jurídico, especialmente cuando son las propias autoridades las que rompen con el estado de derecho y el pacto constitucional. No fue una casualidad que junto a las reformas estructurales, la maquinaria legislativa aprobara nuevas leyes antiterroristas y de regulación de manifestaciones públicas, igualmente antidemocráticas y represivas. Miguel Concha documenta el conjunto de estas reformas, como la Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal, las modificaciones al artículo 29 de la Constitución, las cinco leyes para ampliar los alcances del delito de terrorismo, la propuesta del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo lo cual configura un entramado legal que lleva a un Estado que de manera paulatina institucionaliza la censura y la mordaza, mediante la excepcionalidad del derecho penal, la interpretación restrictiva de los derechos humanos, la arbitrariedad en la vigilancia de los ciudadanos, y el uso excesivo de la fuerza (La Jornada, 14 de diciembre de 2013). El grupo dominante vislumbra una profundización de las resistencias de los sectores que ya están siendo afectados por reformas como las laborales-educativas, y por aquellos que resultarán perjudicados con las energéticas y, por esta razón, criminaliza al máximo e intenta nulificar los derechos a la protesta y la movilización social.

El polo político en torno al 39 constitucional debe conformarse a partir de la más amplia unidad de los veneros patrióticos y progresistas que se articulen a partir de un programa mínimo claramente definido en función de los intereses nacionales y populares, y que, paralelamente, responda al conjunto de las luchas y resistencias heterogéneas y diversas que se están llevando a cabo en todo el territorio. El despojo a la nación y el asalto a la República se llevan a cabo no sólo en el traspaso de los energéticos a las corporaciones privadas nacionales y extranjeras: esas mismas empresas ya han invadido todos los ámbitos del territorio nacional, tanto urbanos como rurales. Recordemos siempre que la ocupación neoliberal es integral, como integrales deben ser los movimientos contra-hegemónicos. Debemos prepararnos para una contienda de largo aliento y de alcances históricos, como los que marcaron las gestas independentistas y contra los invasores extranjeros, la Guerra de Reforma y el movimiento armado iniciado en 1910. Vivimos tiempos de indignación y de coraje al ver cómo festejan los canallas sus degradantes triunfos, al constatar la soledad de hombres y mujeres que se retrotraen al mundo de lo familiar-privado al no encontrar caminos atinados y creativos para la insurgencia cívica-ciudadana. Es responsabilidad de todos y todas poner en práctica las formas de lucha más adecuadas y desarrollar instancias unitarias como la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación.