Chilpancingo, Gro., 19 de diciembre.

El Estado mexicano ofreció una disculpa pública y prometió resarcir los daños a familiares de Faustino Jiménez Álvarez, desaparecido el 17 de junio de 2001 en Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, en acatamiento a la sentencia emitida en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una ceremonia realizada en la Procuraduría General de Justicia del Estado ante Enedina Cervantes Salgado, esposa de la víctima, y sus hijos, Julieta y Ricardo Jiménez Cervantes, Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció la lucha de la familia “en la búsqueda de la verdad y la justicia; por ello reitero la disculpa pública que el Estado mexicano les ofrece hoy.

El objetivo es reivindicar la memoria del señor Faustino y enviar un mensaje al resto de la sociedad para que hechos como estos no se repitan, dijo.

Mencionó que el acuerdo firmado con los familiares incluye becas para los hijos de la víctima, su inclusión en un programa de vivienda, así como apoyo para proyectos productivos.

Entre lágrimas, Enedina Cervantes señaló que nada cambia el dolor que en estos años ha vivido su familia, sobre todo sus hijos. Pido justicia, porque a nadie le hemos hecho daño, mucho menos él (su esposo). Queremos saber dónde está, dónde lo dejaron. Yo llegaba a mi casa sin respuesta para mis hijos. El más chico me preguntaba dónde estaba su papá y yo no tenía respuesta.

En silencio, los funcionarios escucharon a Enedina pedir que ya no haya más familias como la de nosotros. Hay temor, y por eso responsabilizo al gobierno de lo que pueda pasarle a mi familia. Hay dolor, pero eso me impulsa a seguir pidiendo justicia, concluyó.

Iñaki Blanco Cabrera, procurador de Justicia de Guerrero, reconoció que la madrugada del 17 de junio de 2001 cinco agentes de la entonces policía judicial llegaron al domicilio de Faustino, a quien golpearon e interrogaron sobre el paradero de José Valle Álvarez, quien había sido secuestrado; luego se lo llevaron y no se ha vuelto a saber de él.

Después de que los familiares recurrieron a instancias estatales y federales, el 25 de abril de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la denuncia de las organizaciones no gubernamentales Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José Maria Morelos y Pavón AC y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

El 8 de abril de 2007 la CIDH señaló que los hechos denunciados configuraban posibles violaciones a los derechos a la vida, la integridad, a la libertad y a las garantías judiciales, así como a las normas contra la tortura.

El 27 de septiembre de 2012 el Estado mexicano, representado por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, y el gobierno del estado suscribieron con Enedina Cervantes un acuerdo de relación amistosa.

Este documento, agregó Iñaki Blanco, constituye un reconocimiento internacional de responsabilidad del Estado. Se acordaron medidas de reparación del daño que incluye este acto, en el cual el gobierno asumió su responsabilidad, y las disculpas públicas por la violación de los derechos humanos.

En otro asunto, Blanco Cabrera justificó la acusación de terrorismo contra Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), quien fue detenido el 6 de noviembre pasado y trasladado a la cárcel de Miahuatlán, Oaxaca, donde permanece incomunicado, según organizaciones no gubernamentales.

En agosto pasado, cuando demandaban la libertad de Nestora Salgado García, coordinadora de la CRAC en Olinalá, policías comunitarios encabezados por Molina se apoderaron del ayuntamiento de Tixtla, donde encerraron a un buen número de personas, usaron armas de uso exclusivo del Ejército y asumieron actitudes propias de la guerrilla, lo que propició que cerraran un sinfín de comercios y que la gente se encerrara en sus casas, explicó el funcionario.