Los cambios a la Constitución aprobados en la reforma energética hacen posible que empresas privadas tomen el control del petróleo a boca de pozo, una decisión clave para abrir el potencial de explotación del gas de lutita y del crudo en aguas profundas, evaluó el banco suizo UBS, uno de los más importantes del mundo.

Los nuevos contratos permitirán a las empresas privadas contar como parte de sus reservas el petróleo que obtengan en México, apuntó. La reforma energética tiene el potencial de convertirse en la mayor transformación que ha ocurrido en la economía mexicana desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 20 años, consideró.

La reforma constitucional para permitir la participación privada en el sector energético excedió lo que pensábamos que era posible apenas hace unos meses, dijo el UBS, entidad que se formó en 1998 a partir de la fusión entre las poderosas Unión de Bancos de Suiza y Corporación Bancaria Suiza.

Este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso declaró válida la reforma que modificó tres artículos de la constitución, el 25, 27 y 28, para permitir la participación privada en la industria petrolera y eléctrica, nacionalizadas en 1938 y en 1960, respectivamente.

Si es correctamente instrumentada, la reforma energética podría anticipar una apertura del sector de la energía que tiene el potencial de ser la más trascendental transformación económica que haya tenido lugar en México desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor hace 20 años entre México, Canadá y Estados Unidos, añadió.

Para el grupo bancario suizo lo que resultó emocionante de la aprobación de la reforma constitucional en el sector energético fue que al final, el gobernante Partido Revolucionario Institucional y el presidente Enrique Peña Nieto tuvieron que aceptar la versión más agresiva y favorable al mercado, propuesta por el derechista Partido Acción Nacional, cuyos votos eran necesarios para lograr la aprobación en el Congreso.

En esencia, consideró el grupo bancario, la reforma aprobada por los congresos federal, la mayoría de estatales y declarada válida por la Comisión Permanente –sólo falta que el presidente Peña ordene la publicación en el Diario Oficial de la Federación– abre los sectores de hidrocarburos y eléctrico a la inversión privada, con lo que efectivamente se pone fin al monopolio de Estado sobre la tajada del león de ambos sectores.

Particularmente, la reforma supone un gran avance en dos direcciones: proporciona un mayor grado de flexibilidad en los contratos que las empresas privadas podrán tener con el Estado mexicano y sienta las bases para una mayor relación de independencia con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

El grupo bancario se detuvo a analizar algunas implicaciones de la reforma constitucional respecto de los contratos que ahora podrá celebrar Pemex con el sector privado.

La Constitución ya no será más una restricción para la interacción de Pemex con el sector privado para celebrar acuerdos de servicios basados en incentivos económicos, comentó. En adición a los contratos de servicios, se permitirá al Estado celebrar contratos de ganancias compartidas, producción compartida y licencias, mientras que la Constitución sigue prohibiendo otorgar concesiones a particulares, agregó.

Si bien el petróleo en el subsuelo seguirá como propiedad del Estado mexicano en todos los casos, planteó UBS, en virtud de las nuevas licencias que podrán ser otorgadas, las compañías privadas podrán gestionar su petróleo directamente, tomando el control del crudo en boca de pozo, un punto clave para abrir el potencial de explotación del gas de lutita y del petróleo en aguas profundas del Golfo de México.

Los contratos que podrán ser celebradas a raíz de la modificación de la Constitución harán posible que las empresas incluyan el petróleo de que participen en México como parte de las reservas que registran en sus estados contables.