En México se está viviendo un auténtico holocausto en cuestiones migratorias, pues todos los días siguen cometiéndose asesinatos, robos, secuestros y extorsiones en contra de los trabajadores indocumentados, como parte de las actividades del crimen organizado cuyos meros jefes pertenecen a la clase política del país, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde.

Durante la presentación del informe Narrativas de la transmigración centroamericana en su paso por México, elaborado por diversas organizaciones civiles de apoyo a los indocumentados, el director del albergue Hermanos en el Camino subrayó que no es exagerado utilizar el término holocausto para referirse a lo que está ocurriendo en el país.

“A lo mejor el término correcto no sería ‘exterminio’ sino ‘holocausto’. Hay más de 10 mil desaparecidos, decenas de secuestros que no han sido aclarados todavía, cientos de miles de personas extorsionadas y violadas. Si todo esto no es un holocausto, yo no sé entonces qué sea”, enfatizó el religioso.

Tras lamentar que los indocumentados deban elegir entre las dos únicas sopas de la violencia del crimen organizado y la del Instituto Nacional de Migración (INM), Solalinde manifestó que aunque los operadores de los cárteles son en su mayoría centroamericanos, los verdaderos jefes de dichas organizaciones delincuenciales forman parte de la clase política mexicana.

“Los jefes de los cárteles son mexicanos, pero también hay que decir que los meros jefes de todo esto son políticos. Siempre vamos a ver la firma de la casa […] Desde hace mucho tiempo el crimen infiltró a la política y ya no hay límite entre ellas. Podemos ver la connivencia entre el crimen organizado y la mala clase política”, deploró.

Al abundar sobre el tema, Solalinde consideró que es “impensable aceptar que los cárteles sean autónomos, cuando la historia reciente nos sigue enseñando la complicidad de muchos políticos con ellos. Es imposible pensar que todo lo que sucede en México es ajeno a la voluntad política de quienes nos gobiernan”.

Alejandro Solalinde, durante la conferencia de prensa para presentar el resumen ejecutivo 2013 Narrativa de la transmigración centroamericana en su paso por México, ayer en el Centro ProdhFoto Guillermo Sologuren

Policía Federal, la dependencia más violenta

En el informe, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes reveló que tan sólo entre enero y junio de este año, siete albergues recibieron a más de 21 mil trabajadores internacionales sin documentos, la mayoría de los cuales provenienen de Honduras (44 por ciento), El Salvador (27 por ciento) y Guatemala (20 por ciento).

De igual forma, el análisis concluyó que 93 por ciento de los migrantes en cuestión son del sexo masculino, de entre 19 y 29 años de edad, solteros, sin escolaridad y cuya ocupación en su lugar de origen estaba relacionada con la prestación de servicios.

El informe señaló también que las agresiones más comunes contra ellos fueron el robo (52 por ciento), la extorsión (33 por ciento) y los secuestros (4 por ciento), cometidas en su mayoría en Chiapas (38 por ciento), Veracruz (32 por ciento), Tabasco (6 por ciento) y Oaxaca (6 por ciento).

Las instituciones que realizaron mayor cantidad de ataques contra los indocumentados fueron la Policía Federal (35 por ciento de los casos) y las diferentes policías municipales (31 por ciento).

Al analizar dichos resultados, las organizaciones autoras del informe concluyeron que la política migratoria del gobierno actual hasta ahora no ha supuesto una mejora sustancial de la grave situación que padecían las personas transmigrantes en México durante las dos anteriores administraciones.