Madrid, 18 de diciembre.

Un español de 52 años se cortó las venas este miércoles cuando estaba a punto de ser lanzado de su vivienda, en Palma de Mallorca, por no poder pagar su crédito hipotecario. Los agentes policiales que forzaron la entrada al inmueble para la expulsión de su habitante lo encontraron en estado grave. Fue trasladado inmediatamente al hospital.

El drama social que vive España desde hace seis años se agudiza cada día y se refleja en hechos como el que ocurrió en la capital de las Islas Baleares, una de las regiones más ricas del país, con una actividad turística incesante y una de las rentas per cápita más altas.

Desde 2010 se tiene registro de 15 suicidios en situaciones casi idénticas.

Tras conocer la noticia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de esa capital, denunció la pasividad del gobierno español del conservador Mariano Rajoy, ante un drama que afecta unos 250 hogares por día. Según los últimos informes del Consejo General del Poder Judicial, en España se han ejecutado más de 480 mil desahucios desde 2008. Según dictámenes de tribunales europeos la ley hipotecaria española que permite estas acciones ante falla en el pago de los créditos de vivienda es ilegal y profundamente injusta con el consumidor.

No es justo que por un trozo de cemento pasen estas cosas, afirmó indignada Ángela Pons, de la PAH, quien lamentó que la gente esté muriendo y que los bancos españoles sean rescatados con recursos públicos.

En tanto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) pidió este miércoles a España reducir las indemnizaciones por despidos en el país que cuenta ya con más de 4 millones 800 mil desocupados, informó un despacho de la agencia noticiosa Prensa Latina.

Un reporte sobre la reforma laboral iniciada en 2012, difundido aquí, indica también que los subsidios y servicios públicos para los desempleados deben reducirse, pues sus costos son muy elevados al abarcar 26.7 por ciento de la población.

La ministra española de Empleo, Fátima Báñez, afirmó que el gobierno analizará las recomendaciones de la OCDE, aunque el gobierno ya tiene claro su propio mapa de ruta y los cambios normativos sobre el mercado de trabajo están hechos, salvo pequeños ajustes.

De inmediato el secretario general de Comisiones Obreras, la mayor central sindical española, Ignacio Fernández Toxo, afirmó que el país no necesita más reformas laborales que destruyan el empleo y reduzcan los ingresos.

Por el contrario, Fernández Toxo propuso disminuir las rebajas salariales para revitalizar el consumo y la economía y expresó su esperanza en que el gobierno español no acepte las recomendaciones de la OCDE.

Al respecto pidió a las autoridades una reunión conjunta para analizar las políticas salariales y de empleo, sobre las cuales –sostuvo– tienen apreciaciones distintas.