l coordinador de asesores de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Roa, justificó ayer la decisión de esa paraestatal de invertir más de 5 mil 200 millones de pesos en la armadora española Hijos de J. Barreras, con sede en Vigo, España, con el argumento de que los astilleros mexicanos no tienen la capacidad
para construir barcos de alta sofisticación
como los que requiere Pemex, entre ellos dos hoteles flotantes.
Como ser recordará, el rescate de la armadora española se fraguó en las postrimerías del gobierno de Felipe Calderón y se concreta ahora, en total opacidad, en el de Enrique Peña Nieto. Se ha dicho que el acuerdo correspondiente permitirá reactivar la industria naval de España y permitirá crear unos 4 mil empleos en Galicia.
Llama la atención, de entrada, que el director general de Pemex Internacional (PMI), José Manuel Carrera, se haya referido ayer mismo a Hijos de J. Barreras como la mayor constructora de barcos de España, con un siglo de fundada y famosa internacionalmente por su diseño, tecnología, calidad e ingeniería. Si lo dicho por ese funcionario es cierto, cabe preguntarse por qué la empresa gallega se encuentra al borde de la quiebra y con toda su plantilla –cien trabajadores– sometidos a un expediente de regulación de empleo (ERE). Resulta extraño, asimismo, que una compañía con virtudes como las que le atribuye Carrera no haya sido capaz de firmar un solo contrato en varios años; de hecho, Hijos de J. Barreras no ha podido vender una sola embarcación desde hace tres años.
Pero lo más preocupante es la inconsistencia de lo dicho por los funcionarios citados con el discurso formulado por el gobierno mexicano para transferir a manos privadas buena parte de la industria petrolera, por medio de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales recientemente aprobadas: que Pemex carece de los recursos necesarios para explotar las reservas de hidrocarburos del país y, en consecuencia, se requieren capitales foráneos para impulsar esa explotación.
Si lo anterior fuera cierto, la paraestatal debería cuidar su escaso capital, y en vez de usarlo para rescatar astilleros tendría que invertirlo en la prospección, extracción y refinación de gas y petróleo. Pero incluso si resultara procedente destinar recursos a la adquisición de armadoras, es incomprensible desde cualquier punto de vista que se destinen recursos públicos para comprar empresas extranjeras en lugar de invertirlos en compañías mexicanas del ramo; si éstas carecen de la capacidad para fabricar las embarcaciones que Pemex necesita, bien podría fortalecerlas para que adquirieran conocimiento, tecnología e infraestructura.
La operación comentada resulta particularmente injustificable si se considera que la economía mexicana se encuentra en un punto muy próximo a la recesión, con una deplorable tasa de crecimiento y con un índice de desempleo real mucho mayor que el de las arregladas cifras oficiales.
Esta gestión puesta en práctica en Pemex desde hace muchos años es emblemática de la política económica impuesta en el ciclo de gobiernos neoliberales, y sus resultados saltan a la vista: los designios de los sucesivos gabinetes económicos han dejado al país sin industria pesada, sin red ferroviaria, sin sistema bancario nacional, y ahora se prepara la transferencia de las industrias eléctrica y petrolera a corporaciones extranjeras. Se trata de una política a todas luces lesiva para el desarrollo y la soberanía del país y contraria al bienestar de la sociedad. Es, en suma, una política antinacional.
