El Instituto Nacional de Migración (INM) es fiel representación de la precariedad de la política migratoria en México, afirmó el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), al presentar el primer estudio integral sobre dicha dependencia que se ha producido en México. Advierte que si esta institución no es reconstruida, la reforma en materia migratoria aprobada en el Congreso en 2011 habrá sido en vano.

Bajo las condiciones actuales del INM no existe instrumento de gestión pública del gobierno cuyas capacidades instaladas hagan posible llevar a los hechos una política migratoria soportada en los principios de hospitalidad, solidaridad y equidad entre nacionales y extranjeros, unidad familiar e interés superior de la niña, niño o adolescente y el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, sostiene el documento que coordinó Sonja Wolf.

El Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración. Hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes en México, elaborado por el área de Migración y Derechos Humanos del Insyde, que dirige Laura Díaz de León, revela también que el INM es una entidad pública en muchos sentidos dejada a su suerte y cuyas condiciones de operación lo ubican como un organismo público en extrema descomposición.

Explica que el INM carece de un servicio civil de carrera; de una cultura institucional armónica con la promoción y defensa de los derechos humanos; sin garantía de aplicación de las consecuencias de ley ante faltas y delitos cometidos por sus miembros; con un esquema disciplinario que en los hechos deja la supervisión y el control en manos de quienes deberían ser supervisados y controlados; con prácticas cotidianas de falta de atención y maltrato a los migrantes e incluso con indicios de vinculación entre operadores del INM y el crimen organizado.

El estudio destaca que el INM tampoco cuenta con un protocolo que regule el uso de la fuerza de sus servidores públicos, lo que expone a los migrantes a sufrir daño a su integridad.

En cuanto a algunos hechos de corrupción como el soborno, existen contrastes en las opiniones: para algunos entrevistados su existencia es clara y hacen posible la trata de personas y el secuestro; para otros, no existen actos de corrupción, pero sí una falta de acciones y claridad en los protocolos que permitan luchar contra estos fenómenos, agrega el análisis.

El documento incluye 100 recomendaciones. A la Secretaría de Gobernación le pide sanear los cuerpos de seguridad pública, para que protejan a todas las personas en territorio mexicano en lugar de atentar contra ellas y procurar la reducción de la violencia en las rutas migratorias, así como desplegar policías en los alrededores de albergues públicos y privados que den refugio a migrantes víctimas o testigos de delitos, con el fin de asegurar que dichos lugares cuenten con la debida seguridad, entre otros.