e acuerdo con números presentados en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación, la economía mexicana creció, en los pasados 21 años, a un promedio de 0.7 por ciento, ritmo muy próximo al estancamiento económico y del todo insuficiente para sustentar las necesidades de la población y de la propia economía. El documento señala que el indicador referido puede considerarse no satisfactorio y que 45 por ciento de la población se encontraba, hasta el año pasado, en situación de pobreza. “Si bien el crecimiento económico no es un fin en sí mismo –agrega la publicación–, es una de las principales herramientas para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población”.

Significativamente, el periodo al que se refiere el documento de la SHCP –de 1992 a 2013– abarca casi completo el ciclo de gobiernos neoliberales que se han sucedido en el poder desde 1988, año de la llegada de Carlos Salinas a la Presidencia. Desde entonces, el Poder Ejecutivo ha abierto el país a las importaciones, ejercido una política de férreo control salarial, rematado casi todos los bienes del sector público, promovido la eliminación de derechos laborales, mantenido una ofensiva brutal contra las organizaciones sindicales y sociales, impulsado la desregulación, alentado el contratismo y las concesiones y, en términos generales, ha puesto la conducción económica al servicio de los grandes capitales –particularmente de los financieros–, en detrimento de los otros sectores productivos y de la población en general. En ese mismo lapso la corrupción, la malversación de fondos y la opacidad en la administración pública han sido llevadas a cotas casi inimaginables.

Las consecuencias políticas, sociales y económicas de la aplicación del modelo neoliberal están a la vista: la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza; se han multiplicado la marginación y la desintegración sociales; el desempleo, incluso maquillado en las cifras oficiales, no ha cedido; se ha perdido soberanía nacional; el país ha entrado en un proceso de descomposición institucional del que son síntomas claros la violencia delictiva, siempre al alza, y la pérdida de control de zonas enteras del país. En tanto, la vida republicana pasa por una crisis evidente de legitimidad y de representatividad.

Sin embargo, del salinato a la actual administración, una élite tecnocrática cobijada en dos franquicias partidistas distintas se ha empecinado, contra viento y marea, en mantener el paradigma económico que tanta devastación ha costado al país, del cual la privatización de la industria petrolera impuesta hace unos días es el ejemplo más descarnado.

A lo largo de cinco lustros, las privatizaciones, los rescates de empresas privadas en quiebra, los ajustes estructurales, las eliminaciones de derechos y conquistas sociales y los expolios fiscales a las mayorías han ido invariablemente justificados con el argumento de que son medidas necesarias para recuperar el crecimiento. Y este es el resultado: un crecimiento promedio de 0.7 por ciento.

A la vista de este indicador, las autoridades federales tendrían que reconocer que el modelo neoliberal ha causado un grave desastre en el país y que es tiempo de dar un giro radical a la política económica, como lo han hecho ya la mayor parte de las naciones de América Latina.