Guadalajara, Jal., 16 de diciembre.

El juez tercero de lo penal, Mario Hernández Martínez, ordenó detener a cinco ex trabajadores de la asociación civil Banco Diocesano de Alimentos y a dos abogados laborales por falsedad de declaraciones, con las que obtuvieron laudos favorables por al menos cuatro millones de pesos.

Desde el 13 de diciembre están presos en el penal de Puente Grande dos ex trabajadores de la asociación civil, Gilberto Vázquez Conchas y Armando Bañales Flores y tres permanecen prófugos (Cesar Fernando Gamiño, Ricardo Ismael Vizcarra Lozano y Óscar Vázquez González).

Sus agobados, acusados de falsificar declaraciones y alterar documentos, son Luis Fernando González Esparza y Pablo Osuna Pérez, quienes se presentaron el lunes por la tarde a declarar pero con un amparo para evitar ser detenidos. Acudieron al juzgado que se ubica en Puente Grande, municipio de Tonalá.

Ellos demandaron al Banco Diocesano de Alimentos –asociación civil sin fines de lucro que recibe donativos en especie de comerciantes para destinarlos a organismos de asistencia en el estado– por cinco despidos, pero declararon salarios mayores a los reales para obtener indemnizaciones más altas.

Estas detenciones son la primera acción penal luego de 28 denuncias penales presentadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contra un grupo de 13 abogados laborales que se hacen llamar los talibanes.

Además de demandar al Banco Diocesano los talibanes presentaron 22 demandas laborales por al menos 150 millones de pesos contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en favor de varios trabajadores, algunos de los cuales ni siquiera estaban en nómina. La Fiscalía Central de Jalisco aún investiga este caso. En cambio, la averiguación 11036/2013 por el caso del Banco Diocesano fue consignada el 11 de diciembre al juzgado tercero y la orden del juez para detener a los presuntos defraudadores quedó radicada con el expediente 665/2013-D.

A petición del presidente de dicha asociación, Ramón Campos Espinoza, el secretario del Trabajo de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, impulsó las denuncias contra los abogados que tenían una próspera e ilegal industria.

Amenazan a titular del Trabajo

El funcionario dijo que este lunes recibió amenazas del grupo de los abogados inculpados Un sujeto se me acercó y me dijo: nomás vengo a decirte que dejes de estar ejerciendo estas acciones o te va a cargar la chingada, relató.

Según la denuncia de la STPS, los ex trabajadores del Banco Diocesano podrían alcanzar penas de uno a cinco años de prisión, mientras los abogados podrían ser suspendidos del ejercicio profesional y enfrentar de tres meses a tres años de cárcel. Los talibanes enfrentan además 12 demandas de particulares.

Almaguer aseguró también se actuará contra los malos servidores públicos que están en contubernio con los abogados, pues éstos no habrían podido actuar sin contactos en la STPS. De marzo a la fecha, Almaguer ha despedido a unos 60 funcionarios de la Junta Local de Concliación y Arbitraje e inició procesos administrativos contra otros 120 trabajadores por mal ejercicio de la función pública. Es el principio del fin de la impunidad, aseguró.