La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó que una empresa de Gran Bretaña realice un nuevo peritaje en el caso de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, a fin de consolidar o desechar los indicios existentes de que el incendio que causó la muerte de 49 niños, fue provocado.

Las recientes indagatorias que lleva a cabo la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (Scrapa) han obtenido elementos que obligan a los nuevos peritajes para aclarar si la conflagración en una bodega del gobierno de Sonora, en junio de 2009, se generó por una falla en un sistema de aire acondicionado o de manera intencional, en la que habrían participado al menos tres hombres.

Mandos de la PGR revelaron que la institución federal ya contrató los servicios de una empresa líder a nivel internacional, con sede en Londres, para que realice el nuevo peritaje, pues existen dos y son contradictorios: uno señala que el incendio fue accidental y el otro que fue un acto provocado.

Además, la Scrapa, a cargo de Renato Sales Heredia, ha mantenido abierta la línea de investigación relacionada con un grupo de hombres que habría llegado a bordo de una camioneta hasta la bodega de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora y habrían provocado la conflagración que luego se extendió hasta la guardería ABC.

En ese contexto ya cuenta con información que lleve a la PGR hacia Carlos Andrés López Meza, el conductor de la camioneta de referencia, y pueda obtener datos de quienes lo acompañaban el 5 de junio de 2009 y lo que hacían ese día, pues los otros presuntos involucrados ya fallecieron, entre ellos José Luis Cano Valverde, quien se desempeñó como jefe del servicio de asistencia técnica a municipios de la dirección general de administración local de la comunidad autónoma de Murcia, España.

Según las versiones dadas por padres de niños afectados en el incendio, Carlos Andrés López colaboró en el gobierno de Sonora durante la administración de Eduardo Bours, gestión en la cual ocurrió la tragedia.

La PGR ya no indaga si la guardería ABC –la cual era propiedad de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, familiar de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón– tenía problemas de seguridad, pues los responsables ya han sido acusados penalmente, y se concentra en esclarecer las causas del incendio, porque los padres de familia han contribuido con indicios que apuntan a un acto premeditado.