a capacidad de los legisladores mexicanos para hacer reformas, incluyendo la Constitución, es sorprendente. Han dominado en tan sólo unos pocos meses temas que abarcan las telecomunicaciones, educación, cuestiones financieras y fiscales , así como del petróleo, gas y electricidad. Han aprobado todas las reformas que el Presidente les ha mandado y que su partido ha impuesto con gran disciplina.

Esta debe ser ya una muestra del aumento de la productividad que es una de las metas del programa de gobierno. Los Congresos estatales no se quedan atrás y en sólo unas horas cumplen con su función de legitimar las reformas como si la Constitución fuera sólo un modelo para armar.

Este embate institucional y legal es un estilo de hacer política que está, igualmente, en plena actualización. La velocidad de las reformas ha sido vertiginosa y el Congreso ha quedado exhibido ante los ciudadanos. La manipulación de los jefes políticos es patente y la pasividad de la mayoría de quienes hacen las leyes es pasmosa.

Las premuras de la técnica legislativa a las carreras han tenido consecuencias. Se venció el tiempo para presentar las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones, pero lo relevante era que se registrara que la reforma se hizo y no se entorpecieran las siguientes.

Respecto al petróleo y la electricidad todo este tinglado ha tenido expresión casi sublime sobre el manejo del proceso de hacer leyes. Los diputados no enmendaron una coma a sus infalibles colegas senadores.

La reforma energética es un instrumento para cumplir con un objetivo político y no se discutieron asuntos de índole práctico que son esenciales para aceptar una transformación tan grande del sector energético. Los legisladores dejaron eso al Ejecutivo que podrá actuar con amplio grado de discrecionalidad. Desde ese punto de vista no han cumplido con el mandato que recibieron de los ciudadanos.

El modelo actual de explotación petrolera es insostenible por la enorme dependencia fiscal del gobierno de los ingresos que extrae de Pemex, por haberla convertido en una empresa no rentable, incapaz de invertir y con alto grado de corrupción. Esto rindió frutos durante décadas.

El contenido de la reforma no se corresponde con la presentación que se hizo para promoverla y fue mucho más allá en la apertura del sector petrolero y eléctrico. Se desestimó cualquier opción de convertir a la petrolera estatal en una empresa productiva, eficiente y rentable que garantizara la oferta de energéticos. Había alternativas para mantener una industria con esquemas de coinversiones que fuese pivote de una moderna y eficiente política energética.

Entre los temas claves que debieron ser referentes específicos de la reforma a la Constitución están: el modo en que se compartirán la producción y las utilidades; es decir, cómo serán los contratos con las empresas que tengan acceso a la explotación. Se dijo en un principio que esas empresas no podrían contabilizar las reservas como parte de sus activos y eso acabó admitiéndose. No queda claro si el financiamiento de la inversión en el sector de la energía provendrá de la inversión extranjera directa o se hará en el mercado nacional. Esto afecta la entrada de capitales, las políticas monetaria y cambiaria, la dinámica del sector financiero y la disponibilidad de crédito en el mercado interno.

El asunto fiscal es primordial. El gobierno deberá sustituir la tercera parte de sus ingresos que ahora provienen de las transferencias que hace Pemex. Tal cuestión afectará el presupuesto federal a partir de 2015. Este año ya se elevaron los impuestos, se sigue aumentando el precio de las gasolinas y, además, habrá más deuda pública para cubrir el mayor déficit fiscal.

Ahora, en la producción petrolera y la administración de las reservas de hidrocarburos habrá tres jugadores: el gobierno, el sector privado nacional y las empresas petroleras extranjeras. La generación de recursos públicos habrá de combinar los impuestos con los derechos que se cobren a los inversionistas privados. El negocio será ya muy distinto y dependerá de cómo se establezcan los contratos y de la capacidad de gestión de Pemex y las dependencias federales.

Todo esto tendrá repercusión sobre el aumento de los precios, los ingresos públicos, la estructura de la industria energética, el proceso de crecimiento de la economía y la asignación de los recursos para el desarrollo. Al eliminar el carácter estratégico de Pemex y CFE, la actividad del sector energético se convierte primordialmente en un negocio, ese el nuevo rasgo del petróleo y la luz en el país. La responsabilidad del gobierno cambia, así como la obligación de rendir cuentas. El vínculo con la administración fiscal está mediado por criterios mercantiles.

La reforma plantea que se creará un fideicomiso público denominado fondo mexicano del petróleo, gestionado por el Banco de México que recibirá, administrará y distribuirá los ingresos derivados de las asignaciones y contratos que prevén la enmiendas a la Constitución. El modo de gestión de tal fideicomiso es clave y su grado de discrecionalidad no está acotado, tratándose del manejo de los grandes recursos asociados con el petróleo.

Esta reforma redefine, como ocurrió en 1994 con el TLCAN, la integración en el mercado estadunidense y tiene muchas implicaciones territoriales y políticas. La reforma deberá ser beneficiosa no para quienes ocupan el gobierno y representan al Estado, sino para la nación que es la propietaria de los recursos del subsuelo. En 1981 la oferta de administrar la abundancia fue fallida y las consecuencias aún definen el comportamiento de esta economía.