n una fulgurante operación final, el aparato de poderes comprometidos con la aprobación de la reforma energética recorrió a bayoneta política calada los asientos legislativos federales y de una buena parte de los estatales para cumplir con los requisitos formales de la cesión de riquezas nacionales a manos privadas, sobre todo trasnacionales.

La rapidez aritmética del Senado fue superada por la de San Lázaro, con Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones como orgullosos comandantes que rindieron a la anémica oposición izquierdista en las sesiones claves. Luego se inició una competencia casi con pretensiones olímpicas de los gobernadores deseosos de reportar a Los Pinos que en sus estados los congresos bajo control habían ejecutado las instrucciones de aprobar a la carrera lo proveniente de la capital del país.

La vergonzosa conversión de las legislaturas estatales, casi siempre lentas e indolentes, en presurosas mensajerías de fin de semana obligadas a recibir paquetes y despacharlos de regreso fue enfrentada desde un grado mayor de vigor por grupos ciudadanos entre los que destacaron los jóvenes, decididos a dar un salto en la protesta pública, a pesar de que era evidente que la pelea estaba perdida desde semanas atrás. Con matices según la región, militantes y simpatizantes de Morena, del PT y de Movimiento Ciudadano (éste en Jalisco) se plantaron en cercos que al ir más allá de los parámetros anteriormente practicados llevaron a los gobernantes locales a reprimir con descaro y a los congresos a sesionar y votar en condiciones que exhibieron su carácter faccioso y vergonzoso, cambiando de sedes a hurtadillas, sesionando una hora antes del término convocado, aprobando en pocos minutos los textos abundantes y llenos de tecnicismos que sin cuidar siquiera las formas autorizaron al vapor, sin lectura, discusión o raciocinio.

Ese vandalismo institucional no quedó en el plano legislativo, sino que fue acompañado de un giro en la conducta de gobernadores que hasta ahora se quejaban de las órdenes centrales que les impedían actuar abiertamente contra disidentes y movimientos de protesta y que ahora parecieron recibir indicaciones diferentes, facultándolos para gustosamente endurecer el puño. Aquí se ha escrito con insistencia que el peñismo ha sobrellevado las protestas, conteniendo sus congénitos ánimos represivos, para no incendiar a destiempo la pradera social, en espera de que fuese aprobada la reforma central, la energética.

Ahora, virtualmente ya con la reforma en la bolsa, se han abierto compuertas de violencia oficial, mediante golpeadores de civil o uniformados, en momentos en que crece una irritación popular que corre por senderos ajenos a lo partidista y a lo institucional. Ejemplos drásticos se conocieron en San Luis Potosí, donde la policía del gobernador priísta Fernando Toranzo montó protecciones extremas para que sesionara el congreso local, golpeando a ciudadanos en protesta y a periodistas como el reportero gráfico César Rivera y el articulista Guillermo Luévano, ambos de La Jornada San Luis. En Jalisco, donde el priísmo con el gobernador Aristóteles Sandoval al frente tiene en la mira el activismo juvenil (con muchas ganas de seguir metiendo jóvenes a la cárcel para satisfacer apetitos fascistoides de mantenimiento del orden) y donde se ha habilitado a provocadores y golpeadores para crear condiciones que permiten encarcelar ejemplarmente. La lista de atropellos graves en otros puntos del país es larga y demuestra que ya hubo autorización superior para apretar el puño.

En la capital del país prendía, mientras tanto, un peculiar movimiento, el #PosMeSalto. Aun cuando su reivindicación inmediata (echar abajo un aumento de tarifas en el Metro) parecería menor ante el grave panorama nacional (sobre todo la reforma energética), significa un salto cuantitativo y cualitativo en el marco de la protesta social y abre avenidas de participación y disidencia que van más allá del alza en el boleto del Metro y nuclea el rechazo a las reformas, sobre todo la energética, a los intentos de criminalizar la protesta pública y a la política peñista en general. En el fondo es un salto a los torniquetes del poder, en una básica pedagogía cívica que desacraliza las imposiciones y restricciones tomadas con torpe autoritarismo y encuestada frivolidad por el gobierno capitalino. Con una increíble pifia de origen, pues la ley de cultura cívica invocada por la dirección del Metro para advertir de sanciones económicas o de cárcel a quienes salten torniquetes no contiene ninguna regulación expresa para estos actos, de tal manera que no hay fundamento jurídico a aplicar, aunque ya se hayan cometido abusos como la detención del joven César Martínez en la estación Coyoacán.

Véase en http://bit.ly/18u5zxW la tragicómica actuación de policías y de un presunto funcionario reconociendo que cuando son muchos los que brincan torniquetes se les puede eximir de sanciones, pero no si el protestante va en solitario. César Martínez fue llevado al juzgado cívico 1, ante una juez. Pasó casi cuatro horas detenido, lo metieron “a un cuarto pequeño, aislado y encerrado y me dijeron que me quitara el cinturón y las agujetas, que dejara mis pertenencias. En eso llegó mi hermana, y un poli le dijo a otro que no me metieran. A mi hermana le dijeron que me dejaban un rato más para que me asustara y ya no lo hiciera. Me pasaron con mi hermana, firmé una hoja, me dijeron que cometí un delito, como de alguien que no paga por un servicio, y ya, me dejaron libre”. ¿Qué harán Perla Gómez, de la comisión capitalina de derechos humanos, y el propio Miguel Ángel Mancera, ante esta detención y agresión a un joven que saltó un torniquete y al que en todo caso se le podía demandar que pagara su boleto, pero no detenerlo ni maltratarlo?

Y, mientras Mancera ha sido abucheado en un acto perredista organizado por Dolores Padierna y René Bejarano, ¡hasta mañana, con Michelle Bachelet ya de regreso!

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