n la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, realizada ayer, la ex presidenta Michelle Bachelet, de la coalición Nueva Mayoría, obtuvo un triunfo aplastante, de 62 contra 38 por ciento, sobre su rival, la candidata del oficialismo Evelyn Matthei, de la derechista Alianza por Chile. La victoria de la socialista ocurrió a pesar de la parcialidad de la administración saliente, encabezada por Sebastián Piñera, quien hizo cuanto pudo por disuadir a los votantes de acudir a las urnas, y de sectores empresariales que amenazaron con llamar a un nuevo Pinochet si el próximo gobierno lleva a cabo el programa económico reformista que ofreció al electorado.

La derrota de la derecha gobernante es un paso de enorme trascendencia para el país austral, por cuanto abre la posibilidad de que Chile supere cuando menos los aspectos más destructivos del modelo neoliberal que le fue implantado desde 1973, de la mano con el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Salvador Allende, y la instauración de la dictadura militar. Tal modelo sobrevivió el colapso de la tiranía pinochetista, fue mantenido por los sucesivos gobiernos de la alianza centrista Concertación, incluida la primera gestión de Bachelet (2006-2010), y acentuado durante la administración del derechista Piñera. El ataque frontal de este último a derechos laborales y sociales generó una inconformidad ciudadana sin precedente, de la que fue emblemático el movimiento estudiantil en demanda de educación pública y gratuita de calidad.

Tras la inclusión de la alianza opositora de fuerzas de izquierda, como el Partido Comunista, Izquierda Ciudadana y el Movimiento Amplio Social, la postulación de Bachelet hubo de basarse en un programa social mucho más avanzado que el que la propia candidata triunfante aplicó en su primera presidencia, y cuya aplicación puede ser impulsada por la llegada al legislativo de una nueva camada de políticos progresistas, empezando por Camila Vallejo, la dirigente de las movilizaciones estudiantiles de 2010 y 2011.

Entre los principales puntos de la nueva agenda de Bachelet figuran la convocatoria para la redacción de una nueva constitución que permita superar las camisas de fuerza heredadas de la dictadura pinochetista; una reforma tributaria de carácter redistributivo; la modificación del actual código laboral, pro empresarial y antiobrero, así como transformaciones progresistas en materia de salud, medio ambiente, educación, sistema electoral y concesiones mineras.

Está por verse si la abultada victoria electoral de la Nueva Mayoría se consolida en una correlación de fuerzas interna que permita emprender tales cambios, cuya necesidad es reclamada por la mayoría de los chilenos. De concretarse esa perspectiva, el país sudamericano podrá, por fin, empezar a superar la trágica herencia de la tiranía militar y sumarse de manera inequívoca a los gobiernos latinoamericanos que llevan a cabo transformaciones sociales de gran calado. En esa perspectiva, los últimos bastiones regionales del neoliberalismo y la sumisión a Washington quedarían reducidos a México, Colombia y Perú. Por ello, el triunfo de Nueva Mayoría y de Bachelet reviste una importancia que trasciende el escenario interno chileno y se proyecta, como un signo de esperanza y aliento al resto de América Latina.