El programa sectorial del gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir a la delincuencia busca desmarcarse de la estrategia de seguridad operada por su antecesor, Felipe Calderón, quien se concentraba en el ataque frontal y la confrontación armada a los criminales.

La apuesta sexenal de la administración de Enrique Peña Nieto es disminuir el índice delictivo, en mayor porcentaje, en el norte del país, y con menores niveles en occidente, centro y sureste.

El plan es lograr que baje 1.5 (tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes), respecto al año anterior, para que en 2018 los niveles sean sustancialmente menores a los registrados en 2006. Con ello, añade la Secretaría de Gobernación, sería posible cotejar la actual estrategia de seguridad pública basada en la focalización clara del problema de violencia criminal y en la prevención del delito.

En el programa sectorial de Gobernación, responsable de la estrategia en esta materia, se precisa que para las entidades del noreste, el valor de la línea base era en 2012 de 94 (relacionada con la incidencia de delitos y las denuncias interpuestas); en el año que concluye se bajaría a 92.6 y así progresivamente hasta llegar al final del sexenio a 85.9.

Para los estados del noroeste, la base es de 188 y el plan es bajar a 171.7; en el caso del centro, el arranque es de 94 y se busca la meta de 85.9; en occidente la relación es 129-117.6, mientras que para el sureste el inicial es 62 y la meta es 56.6

Gobernación aclara que si bien 98 por ciento de las denuncias corresponden al fuero común (y, por tanto, el impacto de las estrategias nacionales debe reflejarse en ese rubro), es deseable que el fuero federal observe pautas de disminución estables o menores a las del ámbito estatal.

Precisa que uno de los factores que pueden afectar la incidencia delictiva federal es la enmienda a leyes que despenalizaron el consumo de algunas drogas, al tiempo que fueron modificadas las cantidades punibles, la investigación y persecución del narcomenudeo.

La estrategia del sexenio incluye también un plan para mejorar el nivel de confianza de la ciudadanía hacia la policía federal.

Además, concluir con las reformas del sistema de justicia penal, cuyo eje se identifica con los denominados juicios orales. El plazo máximo para este proceso es 2016.

Durante los primeros 11 meses del gobierno de Peña Nieto no se reportó una baja significativa en la incidencia de delitos a escala nacional. A nivel particular persistió el avance en secuestros y extorsiones.

De enero a octubre de este año fueron denunciados 15 mil 350 homicidios dolosos, mil 425 secuestros, 6 mil 694 casos de extorsión, 45 mil 976 robo de vehículo con violencia y 110 mil 43 sin violencia.