El decomiso de bienes de grupos del crimen organizado para utilizarlos en beneficio de la sociedad y la participación activa de los familiares de víctimas en procesos judiciales contra los delincuentes son dos propuestas que han tenido éxito en Italia, luego de varios años de lucha de las organizaciones civiles que podrían impulsarse en México.

Afirmó lo anterior Carlos Cruz, director de la organización Cauce Ciudadano, quien subrayó la necesidad de que la víctima trascienda el papel de pasividad que en muchas ocasiones ha asumido para volverse un elemento de transformación política y social del país.

En el contexto del primer encuentro internacional de familiares de víctimas desaparecidas por la delincuencia organizada en México e Italia, el activista señaló que este sector debe articularse primero para crear un movimiento cohesionado y después presionar con fuerza a las autoridades para que hagan uso de sus herramientas legales y enfrenten de verdad a los grupos criminales.

Esto es hacer un uso social de la víctima: que sea partícipe de la transformación política y social, y no sólo ese reflejo de la víctima como ente al cual le ha pasado un tren por encima y a la que el gobierno intenta resarcirle el daño, indicó.

Al retomar experiencias logradas por los grupos de la sociedad civil en Italia en lucha contra la mafia, Cruz abogó por desarrollar en México una ley de uso social de bienes confiscados a los delincuentes, así como una legislación que permita constituir a las víctimas como actor significativo en los juicios contra el crimen organizado.

“Necesitamos que la sociedad pueda llegar y decir ‘ese señor es Zeta, ese empresario le lavaba dinero al cártel de Sinaloa, y ahora que lo detuvieron puedo sumarme al caso porque a mí me hicieron daño’”, subrayó el también coordinador de la Red Retoño.

En el mismo sentido, el italiano Stefano Fumarulo, encargado de la Agencia para la Lucha No Represiva contra la Criminalidad Organizada –organismo surgido en 2007 en la ciudad de Bari– enfatizó la importancia de medidas como la reutilización social de los bienes decomisados a la mafia, en particular los inmuebles, para posteriormente ser usados como centros de convivencia social.