La celeridad con que se votó en el Congreso la reforma energética propuesta por el gobierno federal –aun pasando por alto procedimientos legislativos– hace pensar que los promotores de la iniciativa trataron de anular la discusión de fondo en beneficio de grupos privados, en vez de atender el interés público como era su obligación, señalaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

José Luis Mancilla Rosales, especialista en derecho parlamentario, afirmó que si bien el trámite de la reforma se cubrió según el artículo 135 constitucional, también hubo vicios y faltas a la legalidad, tanto a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión como a los reglamentos internos de las cámaras.

Martha Singer, coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, deploró la cerrazón mostrada por la clase política ante los señalamientos y reclamos de la sociedad en general y de los especialistas en un tema tan significativo como la propiedad estatal de los hidrocarburos.

Tanto en la energética como en el conjunto de reformas aprobadas en 2013 en la agenda del Pacto por México, se usó un mismo esquema, absolutamente cerrado a la ciudadanía, a pesar de que se estaba decidiendo el futuro de México, alertó.

La urgencia por aprobar la reforma energética, coincidió, podría deberse a la necesidad de concretar a toda costa una serie de acuerdos previos con intereses particulares, lo cual podría acelerar las tensiones sociales en el corto plazo.